Serio: vuelven las licitaciones a dedo

En los momentos de incertidumbre económica que estamos viviendo, las compras que realiza el Estado, sea éste nacional o provincial, adquieren mayor importancia, primero, porque se compran sólo elementos estrictamente necesarios como medicamentos, alimentos, combustibles, etc., y, segundo, porque al estar vacías las arcas del Estado el cuánto, cómo y con qué se pagan a los proveedores es un dato fundamental para conocer el manejo adecuado de los dineros públicos.

Los requisitos para los proveedores registrados es de 60 días hábiles para el mantenimiento de la oferta, 60 días o más para la entrega de productos elaborados y, cuando esas licitaciones se adjudican, las cuentas no son abonadas por parte del Estado o se pagan en plazos irrisorios y generalmente con bonos.

Cabe destacar que hay cuentas impagas con proveedores de organismos nacionales y provinciales desde el año 2000. Pero esto no sucede con todos los proveedores, pues, los proveedores amigos del poder acceden a condiciones favorables, ya que conocen de antemano los siempre prolongados plazos de tramitación de los expedientes de compras y pueden saber con anterioridad estas variables, su precio se «vuelve competitivo» al conocer además que van a cobrar en tiempo y forma. O bien, al no existir publicación de ninguna naturaleza sobre esa compra, son seleccionados «tres competidores» (previamente elegidos), aduciendo urgencia en la compra. Esto se contradice con la muy mentada transparencia que dicen, enuncian y pretenden exponer los gobiernos de turno.

Al finalizar Menem su gobierno, firmó un decreto (que se publicó durante la gestión del Dr. De la Rúa), el Nº 1.547, que permitía comprar hasta u$s 700.000 sin publicidad previa y con la elección de sólo cuatro empresas. Este decreto fue cuestionado por la Unión de Proveedores del Estado (UAPE), por la Fundación de Etica Pública, entre otras instituciones, y realizaron críticas inclusive funcionarios del Banco Mundial y el secretario de comercio de los EE.UU. Ante tantas y tan calificadas denuncias quedó sin aplicación este decreto, pero la historia continúa.

Hace pocos días se firmó el Decreto 687/ 2002, que permite a la ministra de Desarrollo Social, Nélida Doga, realizar compras directas sin licitación pública o, mejor dicho, sin ser publicadas, ya que, cualquiera fuese el sistema de adquisición, lo que garantiza la transparencia de una licitación (y por ende de una buena compra) es la publicación por todos los medios de difusión, sea ésta a través de Internet o bien poniéndola a disposición de la cámara que agrupa a los proveedores del Estado, entre otras cámaras o asociaciones.

• Amiguismo

Se aduce que no se puede esperar meses para entregar elementos de emergencias (lo que es cierto) y que los tiempos de las licitaciones retrasan las entregas. Nada más falaz que esta afirmación, pues publicándose como se ha mencionado no se atrasa ni un solo día y se transparentan las compras, no sólo por la descripción exacta de lo que se adquiere sino también por su forma de entrega y pago. De otra manera sólo aparecerán «los amigos de la oportunidad, y, por ende, del poder». Es interesante saber que a los proveedores del Estado registrados se les retienen impuestos que van desde pagar 31% más 3% de ganancia en las importaciones, más otros tributos, o bien 21% de IVA más 5% de retención extra de IVA a cuenta en las compras al por mayor o a las fábricas. Y como si esto fuera poco, en la mayoría de las facturas se les retiene 10% aproximadamente a cuenta de impuestos. Además se les pide a estos proveedores que presenten junto con su oferta un libre deuda de todos los impuestos, condición imprescindible para poder cotizar una licitación de más de $ 50.000. Son entonces empresas que claramente cumplen con todos los requisitos y obligaciones tributarias requeridos.

La urgencia de las compras para el Estado no justifica la mala adquisición, ni la falta de transparencia. ¿Cumplirán estos requisitos «los convidados del poder?». Apostaría a que buscarán algún elemento «legal» para no hacerlo. Lo lamentable de esta práctica de las compras directas sin licitación es que se contagien a otros organismos, pues dejando pasar el tiempo todos tendrán luego urgencia y de esta manera se perjudique una vez más al erario.

Este Decreto 687/2002 ya ha sido cuestionado por la UAPE y por la Fundación Etica Pública, entre otros; esperamos que se deje sin efecto y comiencen a programarse seriamente las compras del Estado para que no sean aprovechadas las «urgencias» por funcionarios y sus amigos que esperan agazapados para extender esta desleal práctica.

(*) Directivo de la UAPE