Si baja gasto superfluo podrían sacar retenciones

El peso que cobraron las retenciones en la estructura fiscal argentina es tan fuerte que ni al sector agropecuario que mantuvo un paro por más de 20 días por las altas tasas que paga se le ocurrió pedir su completa eliminación. Sin embargo, con un esfuerzo fiscal del gobierno podrían dejar de existir. El cálculo no es complejo: si el gasto público creciera a 13% y no a 37% como lo hace hoy, es posible eliminar las retenciones a las exportaciones sin necesidad de acudir a financiamiento externo.

Cuando se les pregunta a los economistas si se puede prescindir del cobro de retenciones, la respuesta unánime es que no, ya que representan más de 10% de la recaudación nacional. Su desaparición, explican, debería estar enmarcada en un replanteo integral que permitiera al Estado resignar esos altos ingresos por los que provengan de un nuevo impuesto o de la emisión de deuda, opciones que presentan mayores dificultades aún.

Sin embargo, ante la pregunta de este diario, Nadín Argañaraz, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea, calculó las pérdidas que ocasionaría la eliminación de los derechos de exportación y concluyó que es posible plantear un escenario libre de este impuesto.

El gobierno debería moderar la suba del gastopúblico que actualmente está creciendo a tasas récord de cerca de 37%. Si, en cambio, se incrementara 20% menos, se podría mantener la meta de superávit de 4,8% del PBI necesaria para atender los servicios de deuda sin necesidad de apelar al financiamiento externo.

Argañaraz explicó que las retenciones que el gobierno cobrará este año representarán ingresos por $ 50.000 millones. Si las eliminara, equivaldría a perder 4,9% del PBI. «Pero habría un efecto directo que modifica el aparente problema. Si el sector agropecuario dejara de pagar retenciones y mantuviera esos 50.000 millones de pesos en su poder, el Estado aumentaría su recaudación por el Impuesto a las Ganancias y el IVA», dijo.

Argañaraz hizo el siguiente cálculo: el campo debería pagar 30% de ese dinero por Ganancias imponible (ya que los $ 50.000 millones estarían en manos de personas físicas y jurídicas). La Nación se quedaría con 70% de esa recaudación ya que el resto se coparticipa. A esto hay que sumarle que el dinero en poder del público se vuelca en cerca de 80% al consumo, que en materia fiscal se traduce en un aumento de recaudación por IVA. Por ambos impuestos, el Estado pasaría a ganar cerca de 1,2% del PBI.

Mayores ingresos

En este escenario, sin retenciones, los ingresos pasarían a aumentar 23% y no 40% como si ese impuesto se cobrara. Entonces, si se desea obtener 4,9% del PBI de superávit necesario para seguir cancelando los servicios de deuda, se debe achicar la suba del gasto público. Incluso, no sería necesario frenar la suba, sino solamente permitir un aumento de 13%.

La voluntad del gobierno de atenuar el incremento del gasto es fundamental si se desea comenzar a eliminar la serie de impuestos polémicos que existen en la estructura fiscal actual. De hecho, la posibilidad de aumentar el gasto 37% como en los primeros meses del año se debió en gran medida a la escalada de los precios internacionales de los commodities que la Argentina exporta.

Como explicó a este diario Luciano Laspina, de Macrovisión, «es muy difícil atenuar los incrementos al gasto dado el rol que hoy posee el Estado, que debe intervenir, por ejemplo, en las obras públicas en sustitución de actores privados, o por los altos subsidios que paga para subsanar las pérdidas de rentabilidad en servicios públicos con el objeto de evitar subas en los precios internos». El economista explicó que el año pasado, mientras las exportaciones agrícolas representaron 2,2% del PBI, las compensaciones por el mantenimiento de tarifas públicas explicaron gastos por 2% del PBI.

«De alguna forma hasta ahora con las retenciones, el campo financió los subsidios», concluyó.

Argañaraz agregó que más allá de la voluntad oficial por contener el gasto, este año está comprometido. «Hay un piso de aumento de 25% por la coparticipación a las provincias y el efecto arrastre de 2007. Aun así, el gobierno tiene cierto margen de manejo, sin necesidad de tomar deuda.»