Los empresarios y los sindicalistas quedaron ayer lejos de llegar a un acuerdo inmediato sobre el aumento salarial de 100 pesos que, en teoría, vencen en diciembre. Hasta ahora lo único claro es que, a partir de una decisión del gobierno, el pago se mantendrá por lo menos hasta junio del próximo año. Las diferencias parten por la forma en que se implementará esta liquidación desde de enero próximo. El avance más concreto de la cuarta jornada de discusiones dentro de la «Mesa de Promoción del Empleo Decente» fue el compromiso del gobierno de analizar la posibilidad de liquidar impuestos con títulos públicos, sistema suspendido desde octubre pasado, pero limitando la posibilidad sólo para las pequeñas y medianas empresas. La próxima reunión de esta Mesa será el lunes, donde como novedad y por expreso pedido de Graciela Camaño, la ministra de Trabajo, a Roberto Lavagna, se sumará un funcionario del Ministerio de Economía que debería avalar las decisiones fiscales que se tomen en esta rueda de discusiones entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos. El delegado de Lavagna será el subsecretario de Coordinación de Políticas Económicas, Carlos Llaurado, que desde la próxima se-mana se sumará a las discusiones. La idea de Camaño es que a más tardar en la última semana de noviembre haya conclusiones definitivas sobre varios temas y que estos se reglamenten en diciembre y se pongan en práctica desde enero.
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Sobre el pago de los 100 pesos ayer parecieron profundizarse las diferencias entre la CGT y las cámaras empresarias que se reunieron en el tercer piso del Ministerio de Trabajo. Los representantes del sindicalismo oficial reclamaron que el pago se aumente a 150 pesos y que se sume directamente al salario de los empleados. De esta manera, razonan los gremialistas, los empleados no sólo no verían reducidos sus pagos por los descuentos para el sistema de seguridad social, sino que además tendrían una liquidación superior a los 100 pesos actuales.
• División
Por su parte los empresarios se mostraron divididos ayer en la reunión de la Mesa. La Unión Industrial Argentina (UIA) reafirmó su intención de aceptar la incorporación al salario los 100 pesos pero sin aumentos, con lo que el salario de bolsillo de los empleados tendría la reducción de los aportes previsionales. Otro grupo de empresarios, comandados por los representantes del comercio y de la construcción, directamente cuestionaron el pago y reclamaron que desde diciembre se termine con esta liquidación. Como alternativa se pidió que este dinero se pueda descontar del IVA, propuesta que fue rechazada por Camaño y la viceministra de Trabajo, Noemí Rial.
El pedido de volver a la posibilidad de pagar impuestos nacionales y provinciales con títulos públicos fue expuesta por el presidente de la Confederación General Económica (CGE), Raúl Vivas. La idea es que desde enero se permita liquidar tributos con los bonos nacionales que actualmente están en default, posibilidad que regía hasta hace dos meses pero que fue suspendida por el gobierno al comprobarse que era un mecanismo utilizado por los grandes contribuyentes nacionales. Economía analizaría la posibilidad de retornar al sistema, pero con la limitación estricta para que sea utilizado únicamente por las PyMEs y los pequeños contribuyentes.
