Felipe Solá introdujo ayer una cuota de mayor racionalidad en las lógicas exigencias de cobrar a deudores impositivos. El subsecretario de Rentas provincial, Santiago Montoya, anunció ahora que les pedirán a las empresas de telefonía móvil los números de los celulares de los 35.000 morosos. Les avisarán a los deudores que se abre la instancia judicial para cobrarles. Es una medida más razonable que la de reclamar compulsivamente la apertura de las cajas de seguridad en los bancos, aunque sea mediante la orden de un juez. El solo anuncio de esa medida generó una fuerte polémica con especialistas en derecho constitucional, aunque -políticamente- logró el apoyo del presidente Néstor Kirchner. También ayer se sumó el gobernador José Manuel de la Sota a esta potencialización de la lucha antievasión. El mandatario cordobés quiere embargar cuentas de grandes morosos sin previa orden de la Justicia, como hace la AFIP.
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