Sólo inversores calificados podrán adquirir obligaciones negociables de PyMES

Los valores negociados emitidos por pymes sólo podrán ser adquiridos por inversores calificados, teniendo en cuenta que éstos poseen mayor solvencia técnica y patrimonial que les permite efectuar una adecuada evaluación de los riesgos inherentes a la emisión.

Así lo establece la resolución general 509/07 de la Comisión Nacional de Valores, publicada hoy en el Boletín Oficial.

En los considerandos de la medida se señala que "sin perjuicio de facilitar el desenvolvimiento de las PYMES por medio del acceso al mercado de capitales, corresponde contar con reglas que consagren la transparencia y la protección del público inversor".

Indicó que "ante la menor información de que dispondrán los inversores, corresponde que los valores negociados emitidos por PYMES sólo sean adquiridos por inversores calificados, teniendo en cuenta que éstos poseen mayor solvencia técnica y patrimonial que les permite efectuar una adecuada evaluación de los riesgos inherentes a la emisión".

En consecuencia, los valores negociables comprendidos en el régimen del Decreto 1087/93 sólo podrán ser adquiridos por los inversores calificados que se encuentren dentro de determinadas categorías.

Estos son el Estado Nacional, las Provincias y Municipalidades, Entidades Autárquicas, Bancos y Entidades Financieras Oficiales, Sociedades del Estado, Empresas del Estado y Personas Jurídicas de Derecho Público.

Otra categoría la constituyen sociedades de responsabilidad limitada y sociedades por acciones, sociedades cooperativas, entidades mutuales, obras sociales, asociaciones civiles, fundaciones y asociaciones sindicales.

También están autorizados los agentes de bolsa y agentes o sociedades adheridas a entidades autorreguladas no bursátiles; Fondos Comunes de Inversión; Personas físicas con domicilio real en el país, con un patrimonio neto superior a $ 350.000.

En el caso de las sociedades de personas, dicho patrimonio neto mínimo se eleva a $ 700.000; Personas jurídicas constituidas en el exterior y personas físicas con domicilio real fuera del país, y administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.