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Que los salarios de las Fuerzas Armadas están postergados no es novedoso, tampoco los recortes presupuestarios que se vienen haciendo desde hace por lo menos cinco años. La desaparición de las hipótesis de conflicto que se mantenían con Chile, por los eventuales conflictos limítrofes, hoy resueltos en su totalidad; lo mismo que con Brasil -principal socio argentino en el Mercosur-, han terminado limitando el desarrollo de las FF.AA y el consecuente gasto militar.
Fernando de la Rúa se comprometió a suspender el recorte salarial para las Fuerzas Armadas este año, aunque aclaró que esa medida dependerá de la marcha general de la economía. Fue en noviembre pasado y dijo: «Me comprometo, si la situación lo permite el próximo año, a que se terminen los efectos del decreto para las Fuerzas Armadas», afirmó el jefe de Estado en referencia a la disposición que recortó 12 por ciento de los salarios estatales superiores a los $ 1.000.
El Decreto 430 estableció, además, una quita salarial de 15 por ciento para los sueldos de los agentes del Estado que superen los $ 6.000 mensuales, una alternativa que no alcanza a los de los uniformados.
De la Rúa los alentó a tener confianza en la gestión de gobierno al señalar que «los primeros en realizar los sacrificios serán los primeros en recibir los beneficios, con la correcciones necesarias sobre esta situación».
Herencia
El Presidente formuló estas declaraciones durante el acto de orientación de comandantes, directores y jefes de unidades del Ejército, que se realizó en el edificio Libertador en el mes de noviembre pasado, frente a las más altas autoridades castrenses y el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy. De la Rúa reiteró que el recorte salarial «es arduo, excepcional y necesariamente transitorio», tras explicar que recibió al país « en circunstancias de fuertes restricciones».
En esa oportunidad, el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, pidió para el corriente año que se aplique la ley de reforma de las Fuerzas Armadas -quinquenal o plurianual, llamada ley Jaunarena, actual secretario general de la Presidencia y ex ministro de Defensa, que la promovió en acuerdo unánime del Congreso-, «luego de una demora de tres años».



