Suprimen subsidio estatal a empresa Southern Winds

Es una medida que se descontaba dado el escándalo de Ezeiza con contrabando de estupefacientes en aviones de esa empresa socia desde el Estado (hasta tenían un comité junto con la estatal LAFSA y que presidía, con amplios poderes, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime). De cualquier manera, el subsidio de unos 100 millones de pesos anuales vencía el 3 de marzo. No obstante, la medida no se creía anoche que recupere imagen para el gobierno, que tiene organismos y funcionarios kirchneristas muy involucrados en el contrabando de droga descubierto. Hasta ahora, el Estado trató de castigar en otros sectores, no en los propios, como la Aeronáutica y ahora SW. Esta empresa es una fuente de corrupción indudable y, sin subsidio, tenderá a desaparecer, pero no debería dejar de preocupar que quede monopolizado en el país en la otra empresa el transporte aerocomercial. En definitiva, SW se llevaba 100 millones de pesos anuales, aunque debió ser bien vigilada por los funcionarios. Con mucha menos utilidad, los ferrocarriles se llevan, de un gobierno propicio a los subsidios con fondos públicos, $ 650 millones por año, y en ese sector no hay monopolio alguno por la presencia del transporte automotor privado, en carga y pasajeros. Todos, síntomas de un gobierno que hasta para subsidiar demuestra poca habilidad.

Néstor Kirchner, rodeado de su secretario legal y técnico, Carlos Zanini; el cuestionado secretario de Transporte, Ricardo Jaime; y su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien, minutos después, anunció el fin del subsidio a Southern Winds.

El gobierno decidió ayer la cancelación del contrato por el que otorgaba un subsidio mensual a al empresa Southern Winds (SW) cercano a los $ 3,8 millones para la compra de combustible. Dicho convenio vencía el 3 de marzo próximo, y se descontaba que ya no se lo renovaría en virtud del escándalo por drogas en que se ve involucrada la compañía.

El anuncio fue realizado anoche por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien estuvo acompañado por el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, sin dudas, el funcionario más comprometido y cuestionado en el escándalo que se desató por el descubrimiento de las valijas con droga transportadas por la línea aérea de los hermanos Maggio al aeropuerto madrileño de Barajas. La presencia de Jaime, entonces, debe ser interpretada como un respaldo explícito del gobierno a ese funcionario, lo que no deja de sorprender (pese a su cercana relación con el presidente Néstor Kirchner) dada su innegable relación con SW y sus máximos ejecutivos. Pocas horas antes, el propio Fernández lo había defendido en declaraciones radiales, afirmando que «no se explicaba por qué» se lo había tomado como «responsable» del escándalo SW.

Fernández anunció también que se llamará a licitación para la reprivatización de LAFSA ( Líneas Aéreas Federales SA), empresa con rutas, pero sin aviones ni vuelos, creada en el gobierno de Eduardo Duhalde como un subsidio de desempleo encubierto para los 800 trabajadores que perdieron sus puestos por el cierre de las empresas Dinar y LAPA. Esa empresa inexistente recibe otro subsidio, de unos $ 4 millones mensuales, destinado exclusivamente a pagar los «salarios» de esos 800 ex empleados. En total, esto le cuesta al Estado unos $ 100 millones anuales.

«Las dos medidas que tomamos son la cancelación del contrato de SW y el llamado a una nueva licitación de LAFSA», adelantó el jefe de Gabinete. Agregó que el gobierno «no tiene participación en el directorio ni el paquete accionario de Southern Winds».

Justificó la cancelación del subsidio en el hecho de que «durante el tiempo que (SW) funcionó bien, permitió dar trabajo a mil personas y llevar transporte aéreo a muchos destinos del país, pero los hechos conocidos impiden seguir adelante con el acuerdo, porque está en tela de juicio la integridad moral de algunos gerentes y funcionarios de SW».

El funcionario afirmó también que el subsidio a SW se otorgó porque, «de lo contrario, habrían quedado sin vuelos muchos destinos», cuando, en realidad, el único destino no cubierto por las empresas que aún actúan en el mercado era Tacna (Perú).

• Fin inminente

Desde ya, el fin de las operaciones de SW parecería inminente, porque ya no contará con casi un millón y medio de dólares cada 30 días para enjugar su déficit operativo. En caso de que siguiera volando, quedaría aún más claro que el subsidio era un innecesario drenaje a las arcas públicas. Además, cabe recordar que las rutas que vuela SW son, en su mayoría, «propiedad» de LAFSA, por lo que también se quedaría sin destinos a los que volar: esas rutas serán licitadas junto con la propiedad de LAFSA.

¿Qué sucederá en tanto con esta empresa estatal? Se supone que será «reprivatizada» (sic de Fernández, a pesar de que nunca fue privada), y el candidato más firme que surge en el horizonte es LanChile. Sin embargo, para llegar a ese momento, deben darse dos condiciones:

• que la empresa vuele al menos durante sesenta días;

• que el futuro operador acepte ser socio minoritario del Estado.

En lo que hace al primer supuesto, la ley que creó LAFSA estipula que podrá ser privatizada sólo después de los 60 días después de comenzar a operar. El segundo es que, en caso de que el socio sea una empresa de origen extranjero, sólo podrá tomar hasta 49% del capital de LAFSA; el restante 51% quedaría en manos del Estado nacional.