Surgen soluciones desde la política
Surgió un documento del justicialismo bien pensado, no especulativo políticamente sino acorde con la gravísima crisis nacional. Además, se conoció el pensamiento de por lo menos 11 gobernadores. Dan idea de algo acordado o al menos hablado con figuras del radicalismo. Incluyen la sanción de medidas necesarias, largamente enumeradas que, de concretarse, serían audaces pero capaces de comenzar a recuperar a la Argentina más a partir de la política. En diversos círculos, este diario logró averiguar qué representarían, en términos concretos, estos enunciados del PJ y gobernadores de ese partido.
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Aquí se trataría de alcanzar un acuerdo para lograr rápidamente los dos tercios en el Congreso para reformar la Constitución nacional que ya había sido cambiada en 1994, pero introduciendo instituciones nuevas que no funcionaron. Concretamente, se trataría de eliminar el Consejo de la Magistratura. Es un organismo que se burocratizó, se llenó de empleados y no solucionó -al contrario, demoró más-las designaciones de jueces. Aparte, intentó juzgar jueces por sus fallos.
Aquí se trataría de reducir a la mitad la actual Cámara de Diputados y volver a un solo senador por provincia. Se considera que harían las mismas funciones con mucho menor costo para el Estado. También disminuirían las «comisiones» que se multi-plican para darles cabida a los legisladores. Se incluiría en la reforma constitucional.
Se cree que esto restituiría el poder a las provincias menos pobladas en las grandes decisiones para elegir autoridades máximas de la Nación. Es una propuesta de larga data en el justicialismo que busca compensar el peso decisivo de los distritos más poblados -Bs. As., Sta. Fe, Córdoba, Capital-cuando hay que elegir un presidente.
IV-LAS PROVINCIAS PASARIAN A NEGOCIAR CON EL FONDO MONETARIO
Los gobiernos nacionales tienen trabas en sus negociaciones internacionales porque luego las provincias los toman como culpables. A su vez, los organismos internacionales, por caso el Fondo Monetario, le exigen al Ejecutivo nacional que incluya recortes en las provincias. Aquí se busca que éstas participen en las negociaciones, obtengan derechos y asuman compromisos de manera directa y sin que actúe, como ocurre hoy, la Nación como intermediario de acuerdos que deben cumplir, o no, las provincias.
V-COGOBIERNO DE DE LA RUA CON TODOS LOS GOBERNADORES HASTA 2003
De aquí a la elección de 2003 se tomarían las grandes decisiones nacionales en reunión conjunta del presidente de la Nación, sus ministros y la totalidad de los gobernadores, del justicialismo y del oficialismo más el independiente de Neuquén y el frepasista Aníbal Ibarra, de la Capital Federal. El conjunto se llamaría «Consejo de emergencia nacional». De esta manera se mantendría la institucionalidad del país con la continuidad del Presidente hasta terminar su mandato pero reforzado el poder con los gobernadores. También se daría que al cumplir un período de 4 años Carlos Menem pueda ser candidato en el año 2003 (antes, si no se cumple «un período completo», no puede serlo). Esta posibilidad mandaría a la minoría del Frepaso a la oposición y posiblemente aleje a Ibarra del cogobierno.
VI-REFORMAS POR ENMIENDA Y SIN VICEPRESIDENTE DE LA NACION
Se implantaría, como en Estados Unidos, que las próximas reformas constitucionales -tras los serios inconvenientes que trajo la de 1994- se hagan por «enmiendas» con las mayorías adecuadas. También -aunque en esto insiste sólo Menem-se buscaría suprimir el cargo de vicepresidente de la Nación y se eliminaría la obligación de votar en elecciones -también rige en Estados Unidos-que tomó rango constitucional en 1994 cuando antes era una ley.
VII-SE PROPICIAN MEDIDAS ECONOMICAS MAS ALLA DE LA COYUNTURA
a) Se eliminaría el «factor de convergencia» que inventó Domingo Cavallo introduciendo el euro en la convertibilidad.
b) Se suprimen los «planes de competitividad o reactivantes». Era uno de los puntos exigidos por el Fondo Monetario por considerar que esos planes (rebajas en previsionales, compensación de IVA, etc.) no han reactivado la economía ni dado más empleo, y redujeron el ingreso impositivo. Anoche lo confirmó Domingo Cavallo en conferencia de prensa. Costaban 3.000 millones de dólares por año si se hubieran mantenido en la proporción actual.
c) Se levantaría lo más pronto posible la actual inmovilización de depósitos por considerar que agudiza la recesión.
d) Se fijaría en 1% la caída del producto en el año 2002. Se estima que incluir otro cálculo en el presupuesto alentaría fantasías de recaudación y tornaría teóricas e incumplibles sus metas. En las negociaciones, el Fondo planteaba una caída de 2% para 2002.
e) Se unificarían los programas sociales nacionales (la idea que dejó latente la ex ministra Patricia Bullrich) y se pagarían por bancos con tarjetas para evitar toda especulación política en beneficio de quien los concede.
f) Se propiciarán tasas escalonadas, comenzando entre 3% y 5% para los tenedores externos de títulos argentinos. Se mantendría la de 7% para la reestructuración interna de la deuda, pero se ofrecerían menores tasas a los de afuera, considerando que mantienen la libertad de mercado para enajenarlos.
g) Para comprometer más a las provincias con los esfuerzos de austeridad que deberá encarar la Argentina en los próximos años, se propiciaría el cobro de impuestos -incluido el IVA-a cargo de las provincias y municipios, como sucede en Brasil. Al cobrar sus ingresos provincias y municipios deberán adaptar el gasto a ese ingreso. Ahora los déficit se acumulan y se limita el esfuerzo de ajustar reclamando los municipios más aportes a las provincias y éstas a la Nación.
h) Se bajaría el descuento posible del impuesto al cheque. Actualmente se puede descontar de IVA y Ganancias 3,5 por mil del impuesto al cheque que recauda bien. O sea, se descuenta a partir de 2,5 por mil hasta 6 por mil el máximo. Para recaudar más se elevaría ese 2,5 por mil y menos es lo que puede descontar de IVA y Ganancias el que lo paga.
El «acuerdo de gobernabilidad» en base a estas medidas se completaría con otras de menor importancia o demasiado teóricas. Una sería crear un «Congreso Nacional de la Productividad», que incluiría «sectores de la producción y el trabajo», según dice el documento del justicialismo difundido ayer. Sólo sería una forma de acercar al acuerdo a la CGT que no tiene relevancia en casi todas las medidas serias propuestas, que son de economía o política. También podría sobrevenir una reforma impositiva.




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