El Ministerio de Infraestructura postergó hasta febrero la aplicación del decreto 804 que modificaba la ley de marco regulatorio eléctrico, previendo una mayor remuneración para generadores y transportistas, y otorgando mayor rol a los comercializadores, empresas que comprarían energía y la llevarían hasta el usuario final pagando un peaje a las actuales distribuidoras.
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La norma había sido derogada por la Cámara de Senadores con el criterio de que el decreto excedía las facultades especiales otorgadas al Poder Ejecutivo, y se esperaba que en las próximas horas Diputados tomara la misma actitud. Asimismo la asociación que agrupa a los grandes usuarios había presentado un recurso de amparo en la Justicia.
La resolución 259, que suspende la aplicación del decreto hasta el 1 de febrero del año próximo, fue tomada por el ministro Carlos Bastos, luego de haber escuchado el martes en la Cámara de Diputados las opiniones en contrario de todas las bancadas.
Según fuentes de la cartera de energía, de ahora hasta febrero se buscará un acuerdo con los distintos actores del mercado eléctrico para modificar la legislación vigente, ya que se considera que la actual no incentiva las inversiones en transporte y tampoco las alienta en generación. De acuerdo a la opinión de Bastos, si no cambian las reglas por las que se fija el precio de la energía para las empresas generadoras, en dos o tres años, la Argentina podría tener una crisis similar a la que vivió California a principios de año. La idea es que el consumo eléctrico se incrementa en 5% anual aun con la recesión económica, mientras la red de transporte se mantiene prácticamente igual que en 1990, si se exceptúa la construcción de la cuarta línea que proviene del Comahue, mientras las inversiones en generación se pararon desde 1998.
Por su parte, el secretario de Energía, Alejandro Sruoga, llegó a advertir que si no se revierte la falta de inversiones que viene registrando el sector ,»en los próximos dos o tres años vamos a tener problemas con cortes y suministro» de electricidad.
Sruoga admitió que el nuevo esquema podría derivar en suba de tarifas pero que en el largo plazo al generar más competencia, redundaría en una reducción. Según los cálculos del funcionario, el sector demanda entre 600 y 800 millones de dólares de inversiones al año, por lo que se necesita una normativa más libre para alentar esos desembolsos.
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