Suspendieron el operativo contra el empleo en negro

El gobierno había lanzado hace poco más de un mes un ambicioso plan para "terminar definitivamente con el trabajo en negro". Había prometido lanzar a la calle más de 3.000 inspectores de la AFIP y del Ministerio de Trabajo, quienes no iban a discriminar entre grandes, medianas y pequeñas empresas ni comercios en infracción. Sin embargo, casi nada de lo anunciado se dio en la práctica. Extraoficialmente se dice que el gobierno prefirió no insistir debido a que los principales evasores previsionales son pymes, y una acción de este tipo habría provocado cierres de establecimientos e incrementado el desempleo. Fueron sensatos. Por otra parte, se señala que se trataba de una medida antipática de implementar en medio de los procesos electorales en Capital y provincias.

Fracasó, por lo menos momentáneamente, el proyecto oficial de lanzar más de 3.000 inspectores en todo el país para descubrir el empleo en negro. La idea había sido propuesta hace un mes por el propio presidente Néstor Kirchner, asegurando que en menos de 24 horas esos agentes combinados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y del Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada saldrían a las calles para buscar en todo tipo de empresas empleados sin sus papeles en orden.

Desde ese momento hasta ahora, sólo se conocen casos puntuales de grandes empresas, fundamentalmente dedicadas al acopio y a la exportación de granos, fiscalizadas por cuestiones impositivas y donde, como paso secundario, se controló la situación previsional de sus empleados.

Lo que no se observó, por lo menos hasta ahora, es algún tipo de operativo en algún punto del país.

• Explicaciones

Extraoficialmente, hay diferentes explicaciones sobre la demora en poner en funcionamiento estos controles.

Fuentes del Ministerio de Economía aseguraban ayer que la intención del gobierno es la de esperar a que el Congreso apruebe la totalidad del paquete antievasión, que en varios capítulos comprende el aumento de las penas y multas. Este paquete incluye, entre otros cambios, la posibilidad de clausurar comercios y empresas si hay evasión previsional, además de aplicar la ley penal tributaria para los casos en que la falta de pago de impuestos llegue al millón de pesos. También en el Congreso, específicamente en el Senado, se analiza la aplicación de la teoría de la presunción para la evasión previsional. Según este cambio, la falta en el pago de los aportes a la seguridad social se tomaría como IVA no facturado por la empresa y se sumaría como monto no declarado al impuesto en la liquidación de Ganancias.

Además, dentro de la Casa de Gobierno se interpretó como una mala señal la aplicación efectiva de estas embestidas durante el proceso electoral, más si se tiene en cuenta que este tipo de controles se concentraría en las pequeñas y medianas empresas y comercios, donde, obviamente (y por cuestiones económicas y no de simple evasión), se concentra la mayor cantidad de casos de faltas de aportes previsionales. Se pensó que no sería prudente ir contra empresas de no más de 10 o 20 empleados, todos potenciales votantes de Felipe Solá o de Aníbal Ibarra, y multar a los dueños de las pymes a costa de aumentar el desempleo.

Habrá que ver si esta actitud se mantiene o si finalmente la amenaza de realizar operativos de control del trabajo en negro masivos se pone en práctica.