La anunciada ofensiva de ombudsmen y asociaciones de defensa del consumidor contra los ajustes tarifarios comenzó ayer: tal como adelantara este diario, Alicia Oliveira, defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, impugnó el Decreto 120, que devuelve al Ejecutivo la facultad de aumentar tarifas sin esperar a lo que se decida en la renegociación global de las privatizaciones. Oliveira calificó la norma de «inconstitucional» y pidió su «nulidad absoluta».
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En tanto, su colega a nivel nacional, Eduardo Mondino, pidió a la Justicia que declare la inconstitucionalidad del decreto, aduciendo que el reajuste tarifario «no es una cuestión de necesidad y urgencia, como el gobierno ha mencionado, sino de conveniencia frente a las presiones del sector empresario prestatario de servicios públicos».
La trinchera judicial parece ser la última en la que cifran esperanzas quienes se oponen a los ajustes: ayer, tanto el ministro de Economía, Roberto Lavagna, como el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, ratificaron la llegada en las próximas semanas de una misión conjunta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para estudiar junto con el gobierno el estado de las privatizadas y sus necesidades de aumentos.
En la conferencia de prensa que dio Lavagna ayer para explicar los alcances de la carta de intención firmada con el FMI, aseguró que la misma «no incluye compromisos cuantitativos» respecto de la suba de tarifas. En otras palabras: aumento habrá, pero no está definido aún el porcentaje. A esta altura, parece casi innecesario repetir una vez más que las empresas aspiran a una actualización de sus cuadros tarifarios similar a la suba del índice de precios al consumidor, y que el gobierno tiene la intención de acercarse lo menos posible a un total de 20%, dividido al menos en dos etapas, y dejarle otra pesada herencia más al futuro presidente. El rumor indica también que las autoridades del Fondo aspirarían a una suba cercana a 50% -lo reveló el propio presidente Eduardo Duhalde-, una cifra que superaría incluso las expectativas de máxima de las privatizadas (el IPC creció 41% desde el fin de la convertibilidad).
Por su parte, Atanasof dijo horas antes que «el gobierno no firmó ningún aumento de tarifas», en su habitual conferencia de prensa. Pero admitió que, «pese a la devaluación de la moneda, no ha habido incrementos durante más de un año».
Asimismo, desmintió una versión publicada ayer por un diario (que no es Ambito Financiero), que sostenía que Lavagna había firmado un decreto aumentando las tarifas. «No se ha firmado ningún decreto de aumentos en estos días.»
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