Por ahora, las empresas telefónicas apuestan a que el Poder Ejecutivo vete la ley sancionada el miércoles en el Senado, según la cual se grava el uso del espacio público por redes de telecomunicaciones con tasa de 2 a 1% sobre la facturación bruta, según se trate de instalaciones aéreas o subterráneas respectivamente.
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La ley prohíbe que el nuevo impuesto sea trasladado a las tarifas, lo que es cuestionado por las prestadoras históricas, Telefónica y Telecom, cuyos contratos de concesión garantizan la estabilidad tributaria y, según la opinión empresaria, las condiciones contractuales siguen teniendo validez mientras no haya competencia efectiva. Pero también se pronunciaron en contra las cooperativas telefónicas con el criterio de que ya desde la época de ENTel se buscó precisamente no gravar el ten-dido de las redes de comunicaciones para favorecer su expansión en las localidades más pequeñas. Según los analistas políticos, la ley podría ser vetada por el Poder Ejecutivo en los próximos días, y se cree difícil que tanto en Diputados como en Senadores, se logre el voto de los dos tercios de los integrantes, que es el requisito necesario para que el veto quede sin efecto, y la ley deba promulgarse necesariamente. Las ausencias de los legisladores, previsibles durante setiembre por la campaña electoral, harían aun más improbable que la ley sea ratificada.
Las empresas telefónicas insisten en que la norma, si se aplica, beneficiará a 2% de los municipios que concentran 80% de la población, como la ciudad de Buenos Aires, San Isidro, las capitales de Córdoba, Mendoza y Tucumán, y Rosario. En tanto, en el resto de las localidades, la mayor carga impositiva aumentará los costos de explotación y en consecuencia desalentará aun más inversiones, que ya vienen desacelerándose por la recesión, tanto de las compañías ya instaladas como de las nuevas.
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