La decisión unánime de la legislatura de Tierra del Fuego de prohibir la cría de salmones cerró la grieta entre los economistas. Junto a empresarios, rechazaron públicamente la medida por considerar que la actividad podría tener un potencial económico de 10 mil millones de dólares en una década, en un país que necesita divisas para crecer y bajar la pobreza. Analistas consultados por Ámbito aseguraron que para que haya consenso entre desarrollismo y medio ambiente falta conducción política. Mientras que desde el Ministerio de Ambiente salieron a respaldar la medida, desde las carteras económicas realizaron fuertes cuestionamientos.
Salmonicultura: cuestionan prohibición por millonario potencial exportador
La decisión sobre la actividad productiva despertó el rechazo de economistas y empresarios. Posturas cruzadas en el Gobierno.
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El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, escribió en su cuenta de Twitter que le “llena de orgullo” que Tierra del Fuego haya sido “líder en el mundo” en tomar la decisión de prohibir la cría de salmones, debido a que es una “práctica nociva con el ambiente”. Por el contrario, Daniel Schteingart, investigador del Ministerio de Desarrollo Productivo, manifestó: “No creo que esté bueno festejar una prohibición a una actividad productiva, me parece bien discutir cómo regularla, escalas, zonificaciones, pruebas piloto, modos de producción. Mucho menos cuando la pobreza subió 16 puntos en 3 años, la economía se achicó y nos cuesta muchísimo desarrollar actividades productivas nuevas”.
En Twitter, Schteingart argumentó que pese a que Argentina es pionera en exportación de alimentos, en cuanto al salmón es netamente importadora. En los últimos 12 meses las importaciones fueron por 45 millones de dólares, “cifra récord para este pescado”, escribió. Las compras provienen de Chile, que junto con otros países como Noruega y Reino Unido, concentran la producción. En Chile, en 2020, las exportaciones de salmón fueron por 4.000 millones de dólares, monto que duplica a lo que Argentina exportó de carne bovina el año pasado.
Para sostener su postura, Schteingart, director del Centro de Estudios para la Producción, citó una investigación del Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación sobre el océano argentino. Allí se establece que en una década el potencial económico del salmón atlántico podría ser de entre 8000 y 10 mil millones de dólares. “La actividad podría tener en un horizonte no muy lejano un importantísimo impacto sobre el PBI, el empleo y la generación de divisas”, analizó el documento, publicado en 2018.
En diálogo con Ámbito, el economista Sergio Drucaroff, uno de los autores del trabajo, aseguró que se trata de estimaciones, debido a la falta de datos oficiales, en un país con 5000 kilómetros de costa. El objetivo del trabajo era darle continuidad, en el gobierno de Cambiemos, al proyecto Pampa Azul que había anunciado Cristina Kirchner en su segundo mandato. “No se pudo articular la parte científica con la productiva, lo que habla de la falta de coordinación que algunas veces tiene el Estado”, afirmó. De hecho, Drucaroff consideró que el Estado debería tener un rol clave, trabajar en investigación, pruebas piloto y modelos escalables. “Así evitás que se te vaya de control como ocurrió en Chile”, dijo.
Así como en un documento del Foro para la Conservación del Mar Patagónico se establecen los riesgos ambientales de la salmonicultura, un trabajo del Ministerio de Agricultura del 2016 concluye que es una actividad “económicamente viable”. La falta de consenso entre las distintas bibliotecas se dirime con “política económica y alineación del Poder Ejecutivo”, dijo a este diario Andrés Vera, economista e investigador del Conicet. “Argentina necesita aumentar sus exportaciones, no podemos depender del sector agropecuario, y el mercado solo no lo va a resolver”, agregó. “Las inversiones no van a venir si los funcionarios de un gobierno replican estas medidas, hay otro tipo de técnicas para la cría de salmones, en la misma sesión que se opusieron a la actividad no surgió ni una iniciativa sobre otro tipo de producción”, concluyó.
También hubo rechazos de varios empresarios. Pierpaolo Barbieri, calificó como “triste” que se prohíbe una actividad “que se puede hacer sustentablemente, en un país con chicos con hambre y necesitado de exportaciones”. El mensaje fue compartido por Lucas Llach. Otro de los argumentos en contra fue por el régimen de subsidios que tiene la provincia de Tierra del Fuego y que busca prorrogar. “Viven de subsidios y promueven leyes para prohibir actividades, no hay futuro”, escribió el economista Eduardo Crespo.
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