Trabajo premiará a los que denuncien el empleo en negro

El gobierno lanzará una batería de medidas para desincentivar el empleo de trabajadores indocumentados que trabajan en negro. Para ello, la DGI creará un nuevo instrumento: la CUIL provisoria. Además, los extranjeros que denuncien a sus empleadores tendrán el beneficio de tener probada su relación laboral. Sobre un total de 9.115.001 asalariados que existen en la Argentina, hay 3.744.497 que trabajan sin estar registrados (en negro). Por eso la evasión de cargas sociales se estima en 7.000 millones de pesos anuales. De ese total de personas que trabajan fuera de la ley, hay alrededor de 10% (375.000 personas) que son extranjeros indocumentados, según las estimaciones del Ministerio de Trabajo.

Lo cierto es que actualmente, cuando son detectados esos extranjeros que trabajan en negro, muy poco es lo que puede hacer el Ministerio de Trabajo o la propia AFIP para sancionar a las empresas infractoras. Ocurre que, dado que los trabajadores no tienen documentos en regla, en teoría no existen para las leyes previsionales e impositivas. Y al no existir, las empresas no pueden ser sancionadas con el mismo rigor que cuando se les detecta trabajadores argentinos en negro.

En los hechos, a lo sumo les puede caber una sanción en Migraciones que ronda en los 5.000 pesos por empleado indocumentado: una sanción que no siempre se hace efectiva, ya que el Estado no tiene ni el personal suficiente, ni la vocación, para ejecutar montos de tan escasa significación. Conclusión: en los hechos, las empresas acostumbradas a evadir las cargas sociales quedan beneficiadas al emplear a trabajadores indocumentados: algo común en industrias tales como la construcción y el sector textil, por citar algunos ejemplos. Si son sorprendidas por la Policía del Trabajo, tienen que pagar menos sanciones económicas por un trabajador extranjero que por un argentino. Es precisamente ahí adonde apuntan los cañones de la directora nacional de inspección, Silvia La Ruffa que, en los próximos días verían la luz.

• CUIL provisoria

Un principio de solución a ese problema sería con la CUIL provisoria. Cuando se hagan las fiscalizaciones del Ministerio de Trabajo, tal como ahora, los inspectores pedirán el nombre y documento de quienes se encuentren en las empresas. Quienes no tengan documentos, serán anotados en una planilla, y luego la AFIP les asignará una CUIL provisoria.

El número mantendrá su vigencia durante 60 días: el tiempo suficiente para que las infractoras reciban el reclamo por los recursos evadidos. Con esos elementos, las empresas ya no tendrían una fácil escapatoria. Porque, cuando se les haga el reclamo del ministerio, para determinar los montos evadidos, se considerarán todos los trabajadores constatados durante la inspección: tanto aquellos con una CUIL definitiva como aquellos otros a quienes se les asignara una CUIL provisoria (todo eso sin perjuicio de las denuncias que continuarán realizándose en Migraciones).

Los empleadores tendrán un plazo de 15 días (prorrogable por igual lapso) para blanquear a todos o, para que las actuaciones se remitan a la AFIP para que determine de oficio el monto de la deuda, las multas que correspondan y ejecute, de ser necesario, para que los recursos ingresen al Sistema Unico de Seguridad Social (SUSS). Es decir que, con la CUIL provisoria se eliminarían los incentivos que tienen las empresas (que evaden aportes y contribuciones) para contratar a extranjeros indocumentados en lugar de trabajadores nacionales. Con ello se procurará además reducir los elevados índices de evasión de las cargas sociales, y desalentar la competencia desleal entre las empresas.

• El beneficio de la prueba

El otro proyecto sobre el que trabaja el gobierno a todo vapor es en generar un premio a los empleados (nacionales y extranjeros) para que denuncien a los empleadores sobre la existencia de trabajadores en negro. Para ello, se considerará que tendrán probada su relación laboral cuando inscriban su denuncia en «el libro negro» del Ministerio de Trabajo. Con eso, en el caso de un entredicho o juicio con el empleador, los trabajadores ya no tendrán que hacer un largo proceso para demostrar la existencia de un contrato de trabajo. Para evitar los excesos de los empleados, la relación laboral estará probada sólo cuando se haya hecho la denuncia y ésta haya sido corroborada por la Policía del Trabajo en una inspección. Con eso, la Dirección Nacional de Inspecciones considera que se agilizarán las fiscalizaciones y se generarán mayores desincentivos para el trabajo en negro.