El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
En un año los aumentos significarán $ 500 millones más en manos de los jubilados y $ 2.000 millones en manos de los trabajadores privados. Sin embargo, técnicamente, se calcula que no más de 30% de esos montos en juego irá efectivamente al consumo. ¿Por qué? Porque los que deben abonarlo reducirán su propio consumo, sobre todo en el caso de pymes, que son las más impactadas por esta medida. Además, ahora no es aumento «remunerativo», o sea, con cargas previsionales, vacaciones y horas extra, pero todos saben que, como ya sucedió antes, posteriormente lo harán «remunerativo», con lo cual lentamente van desangrando más a empresas que, salvo las de exportación, aunque no tienen ahora competencia externa, no han mejorado y siguen en muy mala situación.
El solo accionar de los sindicatos -que querrán cobrar 2% sobre los $ 50 para sus «cajas» llamadas «obras sociales»- impulsará el paso siguiente a «remunerativo». Así se transferirá, si lo cambian antes de marzo al CVS, y aumentará los costos hipotecarios.
Es, entonces, un decretazo con múltiples efectos graves en la economía (lo prueba ese termómetro que es la Bolsa, que en dos días retrocedió 3% porque sabe que se descapitalizarán las empresas y eso se reflejará en balances). Conclusión: este aumento es un golpe político del gobierno, un avance sobre los contratos privados y una afectación más a la mayoría de empresas que no participan de este repunte de la actividad. Para los patrones beneficiados por el tipo de cambio alto, $ 50 por mes es poco y sus trabajadores podrían haber logrado más en una discusión privada. Para las otras, en cambio, agudiza sus dramas de caja. No olvidemos que otra demagogia del gobierno es simultáneamente obligar a las empresas privadas a sostener su costo -como un impuesto extra- para que no aumente el desempleo, duplicándoles las indemnizaciones por despido.
Dejá tu comentario