El plan vial que está proponiendo Carlos Bastos implica la ampliación casi inmediata del plan de infraestructura, como una forma de reactivar y generar empleo, sobre todo en el interior. Se trataría de nuevas contrataciones para mantenimiento o construcción de obras que se financiarían con un fondo unificado, surgido de la extensión del peaje a todas las rutas del país, pero con criterios diferenciales por zona y hasta por horario. El fondo podría captar también en parte recursos del Impuesto a los Combustibles o apelar a otra fuente de financiamiento todavía no definida, entre ellos créditos del BIRF.
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Actualmente, considerando sólo la red vial nacional y no las rutas provinciales, se encuentran concesionados bajo el sistema de peaje 9.500 kilómetros de rutas, lo que equivale a menos de la mitad del total de kilómetros.
El plan de Bastos revisaría el esquema de vialidad nacional que preveía incorporar 1.880 kilómetros de rutas bajo el sistema de concesión sin peaje (corredores con financiamiento privado-COT) y 11.800 kilómetros que se estaban por adjudicar al sector privado mediante contratos de recuperación y mantenimiento, en los cuales se proyectaba el pago de las obras ejecutadas durante el primer año del contrato.
Hay, además, 3.623 kilómetros de rutas en los cuales ya está contratado el mantenimiento por cuatro años mediante un sistema de pago por una suma fija mensual por kilómetro. Y hay también unos 3.000 kilómetros que están directamente bajo la órbita de vialidad nacional para mantenimiento y conservación de rutina.
Por lo que se sabe, ahora se trataría de extender el peaje a lo que no está concesionado, partiendo de una tarifa fija y establecida por el Estado, y aplicando criterios diferenciales por zonas, horarios y hasta por puntuales circunstancias económicas.
Con esos recursos se constituiría un fondo unificado del que, en primer lugar, debe salir el dinero para pagar a los concesionarios actuales según las tarifas vigentes en los contratos renegociados a principios de año. Pero el fondo también se utilizaría para contratar mantenimiento o construcción de obra nueva, pagando el Estado cánones diferenciales según lo que se requiera hacer.
El esquema permitiría generar más recursos para financiar obras inmediatas y solucionaría problemas de empleo en las provincias, pero todavía falta el acuerdo con los gobernadores y el detalle fino del plan, como por ejemplo, definir cuál será la tarifa que debe aplicarse en las zonas más pobres.
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