Una medida de efecto dudoso

Con más fuegos artificiales el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, intenta generar expectativas sobre la decisión del gobierno de profundizar el ajuste del sector público al anunciar un censo y un ajuste del personal contratado.

El ajuste de los llamados «ñoquis» se instrumentará a través de un decreto que establece el recorte de 30% del personal contratado, y de una resolución administrativa que plantea un censo para controlar la verdadera prestación de servicios como requisito para el pago de las remuneraciones a partir de agosto.

Lo que se busca es que cada responsable de área blanquee al personal contratado que no presta ningún tipo de servicios. Por lo que se descree del efecto real ya que no hay ningún tipo de sanción clara para el correcto cumplimiento de esta norma.

Precisiones

Colombo anunció ayer que el gobierno nacional dispondrá mediante decretos una reducción de «30% del gasto en contratados» en cada área de la administración pública, así como «una disminución en los directorios de organismos y empresas» estatales. Precisó que a partir de la puesta en marcha de esas medidas, junto con una reducción de 35% en los salarios de los empleados políticos, se busca producir «un ahorro del orden de los 150 millones de dólares por año».

El jefe de Gabinete ratificó que los empleados contratados «en forma individual van a tener la misma disminución que tienen los empleados del Estado».

«Acá se ha formado algo así como un Estado paralelo. La planta permanente del Estado ha ido siendo sustituida por contratados, que era la forma de poder pagarle más que a la persona que había dedicado su vida a ser funcionario público y a trabajar», consideró Colombo.

«Las partidas totales destinadas a contratados se rebajarán 30%. Esto quiere decir que cada organismo reducirá en 30% la planta de contratados, reducirá en 30% el monto total de lo que paga a los contratados o hará una combinación», sostuvo.

Decisión

Por lo tanto, los directores deberán decidir si despiden a la tercera parte de la planta contratada o le rebaja las remuneraciones 30 por ciento.

En ese marco, Colombo explicó el plan para bajar las partidas del personal contratado, que entre la administración pública central y los entes descentralizados cuenta con unos 20.000 empleados. «Estimamos que el ahorro en personal contratado puede llegar a los 100 millones de dólares por año y en directorios el ahorro puede ser de 11 millones anuales», afirmó Colombo.

De acuerdo con la resolución, los responsables directos en cada dirección o gerencia estatal deberán certificar «con carácter de declaración jurada la efectiva prestación de servicios» de los empleados de cada área. Colombo precisó que esa declaración será «un requisito previo para acceder al cobro de las remuneraciones». Esto comenzará a partir de agosto.