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La dureza de Quilmes se patentizó en un comunicado distribuido el fin de semana, en el que acusa a esas tercerizadas de decidir « deliberadamente no pagar los salarios de junio y el aguinaldo a sus empleados como forma de presionar a la Compañía por condiciones comerciales». Explica que, «como era de esperar, esta decisión de los distribuidores ha provocado un conflicto con los sindicatos de Camioneros y Aguas Gaseosas, los que están llevando a cabo medidas de fuerza contra Cervecería y Maltería Quilmes que impiden la actividad comercial y la operación de producción en diversos establecimientos de la Compañía, con los ingentes perjuicios económicos que esta situación acarrea». Lo más llamativo, sin embargo, es el párrafo siguiente: «Compartimos el reclamo sindical, al que consideramos justo, pero equivocado en el destinatario de sus acciones». Toda una reivindicación de la huelga salvaje como método para reclamos sindicales, algo francamente inesperado de la empresa que fue de los Bemberg.
Entre sus cuadros gerenciales hay confianza en que el hecho de haber sido recibidos el jueves a la noche por Néstor Kirchner los pone a resguardode este chubasco gremial.Sin embargo, a partir de mañana los portones de sus fábricas y centros de distribución volverán a ser objeto de las iras camioneras, y no parece probable que desde la Casa Rosada haya alguna señal de que vayan a actuar para desbloquearlas.
Es que en el último conflicto pasó exactamente lo contrario: Quilmes debió renovar su vínculo con dos distribuidoras (una de ellas la del presidente de la Cámara que las agrupa, Daniel Riganti) justamente por la alianza de éste con Moyano.
En tanto, la Cámara Argentina de Comercio emitió su propio comunicado, en el que deplora «la puja por enrolaral personal en otro sindicato de empleados, está paralizando la actividad de algunos centros de venta mayoristas». Se refiere, es claro, a lo que pasó la semana pasada con Vital y que podría extenderse esta semana con una marcha de los mercantiles a Plaza de Mayo, para tratar de que les devuelvan parte de las 5.000 fichas de afiliación que les «robó» el camionero.
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