Ya negocian con privatizadas y descartan apagón en el verano
Después de los fuertes cruces verbales de lunes y martes, ayer se atenuó la polémica entre el gobierno y las empresas eléctricas. Hubo, además, un primer encuentro entre el ministro de Planificación, Julio De Vido, y los presidentes de Edenor, Edesur y Edelap, para distender la situación y entrar en un camino de negociación. Ya se sabe que, tras la exposición pública de esta semana, es imposible que en lo inmediato el presidente Néstor Kirchner dé luz verde a los aumentos de tarifas. Sin embargo, las conversaciones irían por otro carril, como, por ejemplo, cuáles obras podrían hacerse para reducir riesgos en el verano y en el invierno próximos, y qué controles deberán realizar las compañías y los organismos de supervisión para prevenir cortes. Ayer, con documentación de Cammesa, el gobierno insistió en que no habrá colapso eléctrico en el próximo verano.
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La subsecretaria de Defensa de la Competencia, Patricia Vaca Narvaja; y el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, coincidieron ayer en que no hay posibilidades de «colapso eléctrico». Ambos funcionarios fundamentaron la afirmación en el informe realizado por Cammesa para el período noviembreabril, en el que se anuncia que « no se esperan cortes programados porque falte la oferta necesaria para abastecer a las distribuidoras en el próximo verano».
En este aspecto, parece haber dos cuestiones para considerar. La primera es que si bien Cammesa descartó cortes programados, no puede decirse con seguridad que no haya cortes imprevistos.
Esto se debe a que el sistema de transmisión (que maneja Transener, cuyo presidente, Silvio Resnick, formuló las declaraciones más fuertes esta semana) está operando en el límite de su capacidad y que cualquier eventualidad que deje fuera de servicio una línea puede provocar un apagón.
Según Cammesa, «la calidad del servicio esperable para el próximo verano, en todas las regiones abastecidas por el sistema de transmisión en alta tensión (500 KV), es mejor que la calidad observada durante el verano pasado y el anterior».
•Posibles fallas
Sin embargo, existe la posibilidad de fallas en el sistema de transmisión, en particular, durante diciembre si hay altas temperaturas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La situación ya se alivia en enero y febrero por el período de vacaciones, y el riesgo reaparece en marzo.
Un dato cierto es que la privatización eléctrica no exigió inversiones obligatorias en transmisión, y las dejó libradas al estímulo de una mayor demanda. Pero esto no resultó suficiente ni aun antes de la devaluación, y desde 1990 el sistema de transporte eléctrico sólo incorporó una línea nueva desde el Comahue.
La segunda cuestión es la distribución; se estima que puede haber problemas concretos por manzanas o barrios en todo el país, y, en particular, en el caso de las distribuidoras que dependen de los Estados provinciales, pero no se trata de apagones generalizados, y podrían subsanarse en cuestión de horas.
•Dudas
Si la situación no es tan dramática, queda pendiente por qué las empresas eléctricas instalaron la idea de la crisis. La respuesta que dan las compañías es que, aunque en lo inmediato los riesgos son menores, se acentuarían en el próximo invierno, sobre todo, si hay poca agua en las centrales hidroeléctricas, y si hay una merma en la producción de gas, porque las petroleras están retardando inversiones.
Por otra parte, según las empresas, en el escenario «más optimista», habría problemas de oferta con seguridad en el invierno de 2007, porque no hay señales de precios que incentiven la inversión en nuevas centrales de generación, y este tipo de emprendimiento necesita dos o tres años para proyectarse y concretarse.
Pero aunque todo esto es cierto y el propio gobierno conoce el problema, las empresas eléctricas pretendieron también instalar en los últimos días la urgencia de un aumento de tarifas y echar la responsabilidad al gobierno ante eventuales cortes de luz. En principio, las concesionarias no parecen haber logrado su objetivo ante el público, salvo si se descuenta el hecho de la mayor demanda de grupos electrógenos. La contraofensiva del gobierno fue tan fuerte que, para los usuarios, las empresas serán responsables de eventuales cortes.
En otro plano, la relación entre el gobierno y las compañías quedó deteriorada y ahora no parece políticamente posible que haya un aumento de tarifas en lo inmediato. Sin embargo, se afirma que podrían iniciarse conversaciones entre gobierno y empresas para prestar atención especial a las situaciones más críticas, y evitar todos los inconvenientes que pueden preverse.



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