¿A quién perjudica la detención de Hebe de Bonafini?

 Los episodios protagonizados por la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo desde que comenzó el proceso judicial donde se la investiga por presunto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas pertenecientes al programa Sueños Compartidos han empañado la trayectoria de respeto y consideración que la sociedad tiene por la historia de sufrimiento y lucha en pos de justicia que estas mujeres encarnan.

Sin embargo, los acontecimientos ocurridos durante la jornada de ayer cuando, por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, una comisión policial intentó detener a Hebe de Bonafini para llevarla a comparecer ante el juzgado luego de negarse a declarar en el marco de este proceso, obligan a poner una mirada más profunda sobre el rol de la Justicia y su relación con el poder político de la Argentina.

Por más respeto o fueros que un ciudadano pueda ostentar, negarse a comparecer ante una requisitoria judicial supone una actitud de privilegio inadmisible para un Estado de derecho. Su dolorosa trayectoria personal de ninguna manera la coloca por encima de la ley. Por el contrario, el principio de igualdad la obliga a someterse a ella. Pero la decisión del juez en este caso pareciera contener un mensaje adicional al meramente jurídico. ¿Con qué sentido se dispone enviar uniformados para llevar de prepo a la señora de Bonafini hasta Comodoro Py? ¿Está verdaderamente en el espíritu de Martínez de Giorgi ver a Bonafini tras las rejas? El exmiembro del Consejo de la Magistratura Jorge Yoma explicaba ayer a través de su cuenta de Twitter: "Una persona de 90 años no puede ser llevada a declarar por la fuerza pública. Si se niega, sigue la causa y si el juez dicta una restricción de la libertad, es domiciliaria".

Si bien el artículo 288 del Código Procesal Penal prevé que "será declarado rebelde el imputado que sin grave y legítimo impedimento no compareciere a la citación judicial (...), o se ausentare, sin licencia del tribunal, del lugar asignado para su residencia", puede entrar en terreno discutible si el juez tiene o no la prerrogativa de mandar a detenerla, por tratarse de una persona mayor y en su estado de salud. Lo que es indiscutible es que con su decisión el magistrado lleva adelante una jugada política que claramente tiene consecuencias. Y no se trata de una actitud que pueda entenderse como opositora u oficialista.

Los jueces no se clasifican según el posicionamiento que ostenten respecto de ningún Gobierno o partido. Ni siguen las instrucciones de ningún liderazgo político. Simplemente porque el Poder Judicial tuvo, tiene y tendrá su propia agenda.

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo puede pensar que esta resolución judicial tiene el mismo carácter persecutorio atribuido a los procesos que se ciernen sobre la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Pero claramente la decisión termina fortaleciendo al sector político al que ambas tributan y debilitando, fundamentalmente en el escenario internacional, la imagen del Gobierno contra el que ellas combaten. Los titulares de los principales diarios del mundo ponen de relevancia el hecho de que un juez pide la captura de la líder de una organización defensora de los derechos humanos en la Argentina. Flaco favor le hizo el apercibimiento contra Hebe del juez De Giorgi a la imagen del Gobierno que lidera Mauricio Macri, quien pretende mostrarse respetuoso de la independencia de poderes establecida por la Constitución nacional, aun a pesar del costo político que esta determinación conlleve.