Gobierno arriesga carta de seguridad en Congreso

Casa Rosada apuesta al régimen penal juvenil como inicio de campaña. Sin embargo, la única preocupación urgente de Diputados y Senado en el corto plazo es la ley de financiamiento político.

Patricia Bullrich

Tras la imposibilidad de presentar resultados económicos o de “unión de los argentinos”, Mauricio Macri habilitó la carta de seguridad para iniciar la campaña 2019, pero el anuncio del envío al Congreso de un proyecto para analizar la baja de imputabilidad en menores -de 16 a 15 años- para delitos graves pone en riesgo uno de los pocos pilares en los que Cambiemos no patinó desde que inició su gestión. Vía Patricia Bullrich, también se reflotó que el Gobierno trabaja en un programa para agilizar la deportación de extranjeros que cometan delitos en la Argentina.

Para el caso de una eventual convocatoria a extraordinarias en febrero próximo, oficialismo y oposición ya habían dejado en claro, en diciembre pasado, el único objetivo real del primer trimestre de 2019: la sanción de una ley de financiamiento político para que las empresas privadas puedan aportar fondos. Las resistencias externas y propias -Elisa Carrió para el último caso- frenaron el proyecto semanas atrás.

Más allá de esa situación, los principales jerarcas de Diputados y Senado confían en un acuerdo con gobernadores como última instancia para avanzar con la ley. Si no, el financiamiento de la campaña volverá a ser un papelón y con seguridad finalizará con denuncias graves, como por ejemplo, la del año pasado contra el oficialismo que lidera María Eugenia Vidal en Buenos Aires.

Diciembre de 2018 dejó ese tema a metros de la pista de baile. Quien sí chocó de frente en plena danza fue la ley para combatir a los violentos del fútbol. Tras insólitas operaciones que partieron por fuera del Congreso, personas cercanas al jefe de Gabinete, Marcos Peña, lograron el freno del proyecto y, en especial, la posibilidad de separar del deporte a la política y al sindicalismo, tal como adelantó Ámbito Financiero. También la oposición peronista ayudó al desconcierto y, tras la votación en general, apareció el adherente de Cambiemos Martín Lousteau para pedir el regreso del texto a comisión.

Dos personas quedaron en soledad ese diciembre en Diputados: Bullrich y la legisladora radical Gabriela Burgos, titular de la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja. La segunda, quien tuvo que ceder en demasía a la oposición durante el debate de la ley antibarras -le lavaron el proyecto-, ya analiza el borrador de régimen penal juvenil que le envió Casa Rosada. Es decir que deberá sortear este tema y, casi al mismo tiempo, dar una respuesta por el escándalo de los violentos que abrazan al fútbol.

Otro obstáculo que aparece para el oficialismo es el ya repetitivo anuncio del Gobierno en cuanto a la reforma del Código Penal que Macri convertiría en realidad el 1 de marzo próximo, durante la Asamblea Legislativa de apertura de sesiones ordinarias. A esa altura, varios distritos tendrán internas electorales e incluso comicios a punto de ebullición.

Lo que sí pudo demostrar Bullrich es que el alejamiento del Congreso de cualquier tema relacionado con su ministerio significó menos tiempo de discursos y disputas sin contenido y mayor acción. De allí los resultados que puede ofrecer su cartera, más allá de la continuidad de una grave situación de inseguridad que arrastra la Argentina desde hace décadas, con peligrosos focos de narcotráfico y de asesinatos descontrolados en varios distritos.

Revolear la carta de la seguridad hacia el Congreso puede recrear un camino sin salida que ya atravesaron, en la era Macri, las truncadas reformas electoral -Boleta Única Electrónica- y laboral -pese al entusiasmo de Dante Sica-, la extinción de dominio -para recuperar bienes de la corrupción y el narcotráfico- e incluso sociales, como la despenalización del aborto hasta la semana 14.

El problema entre estos temas y la seguridad es que la segunda cuestión aparece como una de las preocupaciones principales en cualquier encuesta relativamente seria. Un fracaso para avanzar con una ley en un Congreso sin mayorías podría convertirse en un nuevo golpe para Macri en plena campaña electoral.

También preocupa en el oficialismo la “bolsonarización” de la discusión, ya que fomentaría una grieta aún más extensa que la política entre los propios oficialistas y también con la oposición. Sobre esta teoría nadan Peña, Jaime Durán Barba y sus cuentas sobre posibles votantes de Cambiemos ante un eventual balotaje.