- ámbito
- Edición Impresa
Activistas con preventiva en Rusia por dos meses
Los abogados de Greenpeace habían apelado todas las prisiones preventivas aplicadas contra sus miembros, que están acusados de piratería, que en el código penal ruso tiene una pena de 15 años de prisión.
La suerte de los ecologistas criollos quedó sellada al conocerse la primera decisión negativa del tribunal sobre el encargado de prensa de Greenpeace, Andrei Allakhverdov, quien iba a bordo del navío de la ONG ambientalista. La Justicia confirmó el arresto de Allakhverdov, que es ciudadano ruso y que había permanecido dentro de su camarote cuando varios integrantes de la tripulación trataron de encadenarse a la plataforma petrolera Prirazlómnaya del gigante energético estatal Gazprom.
La Cancillería organizó una task force que se ocupa del apoyo humanitario a los nacionales detenidos. La integran el embajador argentino en Rusia, Juan Carlos Kreckler; el cónsul Jorge Zobenica, y el consejero Rafael Patrignani. Los dos últimos funcionarios se desplazaron a Murmansk y visitan a diario a los ecologistas argentinos. En Buenos Aires la Cancillería está en contacto directo con los familiares de Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi; hubo reuniones con senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores y a través de gestiones diplomáticas se facilitó el contacto telefónico con los dos detenidos.
Se sabe que también reciben alimentos extras provistos por los funcionarios destacados en Murmansk y que esas actividades no son obstaculizadas por el personal penitenciario ruso; por el contrario, se muestran predispuestos a facilitar la tarea de contención, mencionaron fuentes diplomáticas.
Greenpeace confirmó a este diario que Speziale permanece en un espacio de detención para ella sola, calefaccionado y tiene televisor, mientras que Pérez Orsi comparte la celda con un ciudadano ruso; el recinto tiene TV y calefacción.
El Palacio San Martín trata de mantener encapsulado el asunto sin abrir un frente diplomático con Rusia. El único canciller que se manifestó fue el de Finlandia, Erkki Tuomioja, quien dijo que "los fundamentos legales para un cargo de piratería no se ajustan a este caso".
Finlandia es uno de los países que integran el Consejo del Ártico, foro intergubernamental donde se dirimen asuntos vinculados al desarrollo sustentable y de protección ambiental del océano Ártico. Lo componen Canadá, Dinamarca. Estados Unidos, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia. Rusia reclama su derecho sobre gran parte de la plataforma submarina ártica, donde se sospecha la existencia de extensos yacimientos de hidrocarburo. En 2001 presentó a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU su solicitud para establecer los límites exteriores más allá de las 200 millas náuticas, con el fundamento de que es la prolongación natural del continente. Busca ampliar los territorios en los mares de Barents, Bering y Ojotsk, y en la parte central del océano Ártico. La captura del Arctic Sunrise y la detención de los tripulantes ocurrieron el 19 de septiembre pasado en el mar de Barents. La Guardia Costera rusa sostiene que las acciones ilegales de los ecologistas y la captura del Arctic Sunrise sucedieron dentro de la Zona Económica Exclusiva del país mientras que Greenpeace aduce que ellos navegaban en aguas internacionales.
En la pelea jurídica por la liberación de los 30 tripulantes del Arctic Sunrise la ONG prepara una denuncia contra Rusia ante la Corte Europea de Derechos Humanos, conocida como Tribunal de Estrasburgo. Consideran que la detención viola la libertad de manifestarse en forma pacífica. Esa magistratura es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la Unión Europea (UE).
No es la primera vez que una tripulación y un navío de la organización ambientalista están en medio de refriegas de poder e intereses económicos.
Dejá tu comentario