Acto por muertos en ataque de Montoneros a cuartel en Formosa

El 5 de octubre de 1975, un comando guerrillero del grupo peronista Montoneros atacó el Regimiento de Infantería de Monte 29, en Formosa. A 36 años de aquel operativo que marcó el inicio de las hostilidades entre dos ejércitos, el regular comandado por Jorge Videla y el irregular de Mario Firmenich, ayer se reconoció a los familiares del soldado Hermindo Luna -murió combatiendo a los insurgentes- con una compensación de 25 mil pesos.

El teniente coronel Enrique Pando, jefe del Regimiento, organizó el acto en la plaza de armas de ese mítico cuartel que fue el primer blanco del combate subversivo contra las Fuerzas Armadas.

Montoneros se había jugado a esa operación que denominaron «Primicia», desplegaron casi un centenar de efectivos bien armados que llevaban ametralladoras, fusiles FAL con 5 cargadores por hombre, escopetas recortadas, granadas, minas vietnamitas y equipos de comunicación portátiles.

Planificaron un asalto simultáneo al Regimiento (copamiento, robo de armas y asesinato de cuadros) y al aeropuerto El Pucú, de Formosa, cuyo control era vital para permitir la fuga de los terroristas en un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas, secuestrado y desviado de su ruta original Buenos Aires-Posadas.

Todo se cumplió según lo previsto, pero la guerilla encontró una férrea resistencia en la guardia de uno de los soldados, Luna, que fue abatido con una ráfaga de ametralladora pero dio el tiempo suficiente para organizar el contraataque de las fuerzas legales y los terroristas fugaron hacia el aeropuerto El Pucú.

Los uniformados caídos fueron 12, el subteniente Ricardo Massaferro, el sargento Víctor Sanabria, y los conscriptos Antonio Arrieta, Heriberto Ávalos, José Coronel, Hermindo Luna, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Sosa, Marcelino Torantes, y Alberto Villalba.

Del lado montonero también murieron 12, entre ellos el soldado entregador Luis Roberto Mayol, que franqueó el acceso al cuartel a sus compañeros guerrilleros. Estos últimos, por disposición del entonces presidente Néstor Kirchner, fueron incorporados a los listados de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y sus parientes cobraron la indemnización prevista por una ley sancionada durante la gestión de Carlos Menem que asciende a unos 620 mil pesos. Los padres de los soldados conscriptos fallecidos, muchos de ellos asesinados mientras dormían la siesta, sólo perciben la pensión que fija el Estado para los deudos del Ejército. El diputado Ricardo Buryaile (UCR, Formosa) mencionó que su proyecto de ley para reconocer e indemnizar a los familiares de los soldados muertos durante el ataque al regimiento está trabado y responsabiliza por la maniobra a legisladores kirchneristas. «Ya tiene dictamen favorable en la Comisión de Defensa que preside Julio Martínez (UCR, La Rioja), debe pasar además por Legislación General y luego Presupuesto. «Pero el expediente duerme en Legislación General. Vilma Ibarra, presidente de la comisión, no convoca el tratamiento, el proyecto caduca el 10 de diciembre y al parecer quieren dejarlo caer». «Fue un acto criminal contra gente indefensa en plena democracia. Me pregunto por qué no se indemnizó a los familiares de quienes cayeron defendiendo al Estado», agregó el legislador formoseño.

La controversia por el pago de indemnizaciones a presuntas víctimas de la represión llegó a la Justicia. El ministro Julio Alak y el secretario Eduardo Luis Duhalde deben responder sobre si 68 guerrilleros muertos antes del golpe de Estado de 1976 figuran como desaparecidos o víctimas de ejecución sumaria en las listas que elaboró la Secretaría de Derechos Humanos en 2006 y aclarar si los herederos cobraron las indemnizaciones. Así lo dispuso el juez Esteban Furnari, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, quien dio luz verde a un recurso de amparo presentado por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.