Acuerdo suave en Corte: fondos y análisis político

Ricardo Lorenzetti

Los extraños incidentes que tuvieron por protagonista a Juan Carlos Maqueda, el auxilio económico al Consejo de la Magistratura y el impacto del primer fallo sobre la reforma judicial en el ámbito de los tribunales fueron algunos de los tópicos que dominaron el acuerdo de los ministros que tuvo lugar ayer y del cual no participó Eugenio Zaffaroni, quien se encuentra en el exterior.

Ayer se conoció la novedad de que será la jueza federal María Servini de Cubría -quien emitió el fallo de primera instancia contra la reforma sobre el cual el oficialismo recurrió a la Corte- la encargada de investigar la agresión verbal que sufrió el ministro en la entrada de su domicilio la noche previa a la resolución que la semana pasada convulsionó la escena política. Giros del destino.

"Entendemos que se discutan ideas, que existan debates, pero no podemos tolerar ningún grado de violencia contra las personas", comentaron los ministros. La causa se inició por una denuncia que impulsó la semana pasada la Procuración General a partir de un pedido de Juan Manuel Abal Medina.

No son los primeros episodios de este estilo que se comentan en el cuarto piso de la calle Talcahuano. Semanas atrás, los padres de Ricardo Lorenzetti recibieron llamados inquietantes en su casa de Rafaela en los cuales había alusiones a las posiciones adoptadas por el titular de la Corte.

No faltó tiempo para las firmas. Todos los presentes rubricaron el giro de 218 millones de pesos al Consejo de la Magistratura para que desde allí se paguen los sueldos del Poder Judicial (con excepción de los de la Corte) referidos a los meses de junio, julio y la primera cuota del sueldo anual complementario.

Este monto, pedido desde el cuerpo colegiado, proviene del fondo de ahorros del máximo tribunal. Se trata de alrededor de 5.000 millones de pesos que adquieren un valor superlativo si se considera el déficit en las cuentas del organismo que conduce el camarista Mario Fera.

"La inmediata transferencia al Consejo de la Magistratura de los recursos financieros para que dicho órgano atienda obligaciones salariales impostergables frente a magistrados, funcionarios y empleados es la cabal demostración frente a los ojos de la sociedad del modo en que esta Corte desempeña esa función gubernamental de disponer de un fondo anticipatoriamente creado, precisamente, para superar circunstancias como la que es superada eficaz y eficientemente por medio del presente", expresa la acordada.

Mensaje que ofrece variadas interpretaciones, especialmente si se considera que uno de los puntos de la reforma judicial avalada por el Congreso unificó el fondo de ahorro con el presupuesto del Poder Ejecutivo, con lo cual ese capital está al alcance de la mano del oficialismo para, por ejemplo, ser canjeado por bonos del Ministerio de Economía.

Un escenario que de concretarse motivará una respuesta inmediata de la Corte. La opción más viable es la de una acordada administrativa contra eventuales decretos.

Un detalle: en la acordada firmada por los ministros, el considerando número 5 menciona que se solicitó a la Jefatura de Gabinete la incorporación al presupuesto de la Corte del remanente financiero del máximo tribunal. En las últimas semanas tanto la Corte como el Consejo han obtenido con facilidad el guiño de Abal Medina para los temas administrativos.

Hubo comentarios distendidos de los ministros sobre la respuesta del Gobierno al fallo del pasado martes. Se hace evidente que las alocuciones presidenciales no contribuyen a la táctica judicial sino que, por el contrario, favorecen los viajes de ida a los extremos. Un panorama incómodo cuando el fallo de la Corte por la ley de medios podría conocerse en las próximas semanas (en el cuarto piso hay quien dice que antes de las elecciones primarias de agosto).

Novedades de la Procuración General: el pasado lunes, Alejandra Gils Carbó emitió su dictamen en el expediente en el cual se discute si el Estado apeló en tiempo y forma en la causa que tramita en la Cámara Federal en lo Civil y Comercial originada a partir del decreto presidencial que decidió la estatización del predio ferial de La Rural y que fuera frenado por una medida cautelar.

La Corte quedó en condiciones de resolver. Gils Carbó sostuvo que la cámara dejó en situación de "indefensión" al Estado, expresión que sorprendió a uno de los justices, que recordó que los letrados del Estado prácticamente no tuvieron actividad en ese expediente. "La situación de indefensión se la generaron ellos mismos", replicó, divertido.