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Acuerdo con Uruguay: la Argentina entrará ahora a Botnia a vigilar
Como lo hace desde que es presidente, José Mujica voló desde Montevideo a la residencia de Olivos para firmar el acuerdo por el río Uruguay con Cristina de Kirchner. La negociación final la asumieron Héctor Timerman y Luis Almagro.
«Es un acuerdo ejemplar; con Mujica siempre tenemos muy buena onda y le encontramos la respuesta a un problema de años que teníamos que superar», celebraba anoche la Presidente. «Es estupendo», la seguía el oriental, como si nunca hubiera existido un roce entre ambos por este tema.
«Hoy es un gran día; hemos finalizado siete años de conflicto entre Uruguay y la Argentina y comienza una nueva etapa», festejó Héctor Timerman por su parte, a través de la red social Twitter. No se iba a perder el lugar ganado como canciller que cerró un conflicto que parecía interminable.
El control se realizará a través de un comité a gestar en un plazo de 30 días, que estará compuesto por dos científicos argentinos y dos uruguayos a elección de cada país y que funcionará en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Con la pretensión de calmar la embestida de los ambientalistas de Gualeguaychú -el paso fronterizo permanece abierto por una precaria tregua de 60 días iniciada el 19 de junio-, el plan de controles arrancará con el ingreso de los científicos a la planta finlandesa instalada en la uruguaya Fray Bentos -el tema más ríspido en las negociaciones con Uruguay-, además de «la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay». Luego seguirá con «un establecimiento o lugar» argentino a elección de Uruguay, para luego continuar con el proceso «alternativamente». La información se hará pública.
Anoche, los asambleístas de Gualeguaychú se reunieron para evaluar el texto sellado en Buenos Aires (ver aparte). «Yo no creo: yo trabajo; mi tarea no es adivinar el futuro», disparó Timerman cuando se lo consultó respecto de si los ambientalistas quedarán satisfechos y no volverán a azotar la Ruta 136.
La cumbre de presidentes de ayer -por pedido expreso de Mujica- se inició pasadas las 15 y se extendió por más de dos horas. Fueron de la partida además los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro, quienes luego se convirtieron en los voceros de un trabajoso entendimiento que prioriza la actividad de los científicos para domar el entuerto diplomático.
Ahora ambos presidentes tienen el camino libre para verse las caras sin apremios de corte ambiental el próximo martes en la Cumbre del Mercosur que se desarrollará en la provincia de San Juan. Precisamente por esas horas vencía el plazo autoimpuesto por ambos el 2 de junio en la uruguaya Estancia de Anchorena para definir el acuerdo reclamado por la Corte Internacional de La Haya.
Anoche, el Gobierno uruguayo se disponía a informar a los líderes de la oposición -desde donde surgieron las mayores trabas sobre la negociación- respecto de los alcances de lo rubricado en Olivos. Los citados fueron Luis Lacalle (Partido Nacional), Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y Pablo Mieres (Partido Independiente).
Según el entendimiento, el comité podrá ingresar a cada establecimiento hasta 12 veces por año. Cuando se trate del margen izquierdo del río las acciones estarán a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente uruguaya (DINAMA), acompañadas por el comité científico, mientras que en el caso de las industrias del margen derecho, «será la autoridad argentina de aplicación» y el mismo comité.
Así, en un punto medio, el comité científico binacional acompañará a representantes de la DINAMA a la planta de Botnia, pero serán éstos los encargados de tomar las muestras de agua. «En Argentina manda Argentina y en Uruguay manda Uruguay, pero se va a permitir el acceso de los científicos a todas las plantas», aseguraron desde el Gobierno argentino.
La autoridad de aplicación que corresponda será la encargada de tomar las muestras por duplicado y una de ellas será entregada en el acto al comité científico. Incluirá el uso de sensores y de «todas las innovaciones científicas y tecnológicas que las partes acuerden, necesarias para el monitoreo de los efluentes líquidos y emisiones gaseosas».
Los resultados y conclusiones serán elevados por la CARU al Estado parte correspondiente.


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