Ahora el Gobierno busca salvar a Cristina del veto

El Gobierno nacional contemplaba ayer tres escenarios posibles para salvar a Cristina de Kirchner del costo político que implicaría un nuevo veto, esta vez al proyecto que dispone el aumento del 82% móvil a las jubilaciones. La prioridad será ganar la batalla política en la sesión del Senado y rechazar la sanción de la Cámara de Diputados con el apoyo de un pelotón de legisladores grises, que no militan ni en el oficialismo ni en la oposición.

En el Senado, la bancada del Frente para la Victoria que lidera Miguel Pichetto cuenta con un núcleo duro de 31 legisladores sobre un total de 72. Ese poder de fuego se eleva a 34 votos con el apoyo de los dos aliados del ARI fueguino, José Martínez y Rosa Díaz, y el representante del Movimiento Popular Neuquino, Horacio Lores. Para voltear el 82% móvil que aprobó ayer Diputados, el Gobierno necesita al menos dos votos más y garantizar la ausencia de algunos legisladores grises, como Carlos Saúl Menem, acostumbrados al quórum a la carta. La principal apuesta de la Casa Rosada vuelve a ser la santafesina Roxana Latorre, ubicada en primera fila el miércoles durante el discurso de Cristina de Kirchner en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Con diez integrantes, los senadores grises ya se convirtieron en la tercera fuerza de la Cámara alta, detrás del Frente para la Victoria y la Unión Cívica Radical. Pero este pelotón de legisladores que deciden el sentido de su voto sesión a sesión no son la única posibilidad del Gobierno para salvar a la Presidente del efecto agrio que tendría en el año preelectoral vetar un aumento a los haberes jubilatorios. En la Secretaría Legal y Técnica de Carlos Zannini ya están trabajando para fundamentar la impugnación del proyecto sancionado en Diputados.

El kirchnerismo festejó que la Cámara baja haya aprobado la iniciativa impulsada por radicales, macristas y peronistas disidentes, y no la presentada por el centroizquierda de Fernando Pino Solanas, donde se especificaba de dónde saldrían los fondos para financiar el 82% móvil. Se facilita así la fundamentación jurídica para la impugnación, primero en sede administrativa ante la presidencia del Senado de Julio Cobos, y después ante los tribunales federales.

Básicamente, el Gobierno alegará la violación de los artículos 28 y 38 de la Ley 25.156 de Administración Financiera, donde se establece que «todo incremento del total del presupuesto de gastos previstos en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional deberá contar con el financiamiento respectivo» y «toda ley que autorice gastos no previstos en el Presupuesto General deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento».

El oficialismo considera que mientras el proyecto del centroizquierda cumplía con la Ley de Administración Financiera al definir específicamente que se subirían los aportes patronales para financiar el nuevo sistema jubilatorio, la iniciativa de la UCR, PRO y el PJ anti-K omitía ese requisito legal. Éste será el esqueleto jurídico también para un eventual veto del Poder Ejecutivo.

Aunque el kirchnerismo haya instalado la sensación de que la Presidente prácticamente no vetó leyes aprobadas por el Congreso, el concepto no es estrictamente cierto. Además del rechazo a la primera versión de la Ley de Glaciares, el Poder Ejecutivo también vetó dos artículos de la ley de reforma política, agravando así los requisitos para que los partidos chicos participen de las internas. Y también dejó sin efecto una ley sobre emergencia agropecuaria en la provincia de Buenos Aires que llevaba la firma de Francisco de Narváez.

«Si hay que llegar al veto, se vetará, en pos de proteger y cuidar los fondos de la Nación», sostuvo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien confió en que el Senado actuará con «más racionalidad y se podrá detener (el proyecto) sin ningún inconveniente». Antes del veto, llegará la batalla política en el recinto, y en caso de una derrota del Gobierno, las impugnaciones en sede administrativa y judicial.