Alak excluyó protesta social de la ley antiterrorista

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En un trámite expedito, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado emitió ayer dictamen de los proyectos sobre lucha contra el lavado del dinero y financiación del terrorismo que fueron defendidos por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. El funcionario se esforzó por desmitificar la idea de que estas iniciativas criminalizan la protesta social, como sostienen incluso algunas agrupaciones kirchneristas, y aseguró que «hemos sido sumamente prudentes» en el momento de elaborar los proyectos.

Alak expuso ante los legisladores que integran la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside el senador Pedro Guastavino (FpV) y que integran, entre otros, Miguel Ángel Pichetto (FpV), Daniel Filmus (FpV) y Luis Naidenoff (UCR). Al término del encuentro, se pasaron a la firma los tres proyectos impulsados por el oficialismo, los que obtuvieron el aval necesario para ser tratados en el recinto esta semana y ser convertidos en ley debido a que ya cuentan con sanción de Diputados.

Además de los proyectos relacionados con el lavado de dinero, también obtuvo dictamen otro destinado a instrumentar una reforma en el régimen penal tributario, de manera de endurecer las penas contra los evasores y actualizar los montos a partir de los cuales se considera como delito a la evasión. Las otras iniciativas incorporan penas por delitos económicos y financieros y agravan la punibilidad de ilícitos cometidos en materia de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo.

Ajustes

El ministro Alak aclaró que «el delito es más mutable a nivel internacional porque muchas veces se utiliza tecnología de punta» y advirtió que por esa razón la legislación «debe ajustarse permanentemente» para «hacer efectiva la lucha contra el delito». «Por esa razón ésta no será la primera ni la última modificación», explicó, y añadió que «ni siquiera la ONU pudo caracterizar fehacientemente qué es terrorismo» y consideró que «es lógico que este punto genere discusión y preocupación».

Alak justificó la preocupación que despierta en el país la tipificación de terrorismo en el Código Penal en «las herencias de los años 70 y de 2000, cuando entró en crisis todo el sistema político, económico y social y emergieron los movimiento sociales».

Para el ministro, los temores sobre una eventual criminalización de la protesta social quedaron a salvo con «el pedido expreso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que se aclarara que no podía considerarse acto de terrorismo aquel que se hace en ocasión de una protesta social».

Junto a Alak, expusieron también el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli. Vanoli se refirió al proyecto votado en la Cámara de Diputados que agrava las penas para el financiamiento del terrorismo y que incluiría a las «corridas cambiarias» como «actos tendientes a desestabilizar a un Gobierno».

Instrucciones

En ese sentido, el funcionario afirmó que «la Argentina ha conocido cómo se han intentado desestabilizar los mercados» y «esto ha tenido consecuencias económicas y sociales muy graves».

Sbatella, a su turno, dijo que las leyes propuestas tienen que ver «con instrucciones de la Presidenta de poner a tono la estructura de cumplimiento de la legislación» e informó que desde que se comenzó a penalizar este tipo de hechos «se lograron cinco detenciones y embargos por 25 millones de pesos».

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