Berlín - El Gobierno alemán aprobó ayer en el consejo de ministros un proyecto de ley que endurece su política de refugio contra potenciales terroristas extranjeros y que contempla el acceso por parte de las autoridades a los teléfonos celulares y computadoras de los peticionarios de asilo en aras de poder determinar su identidad.
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Con la reforma, el Ejecutivo de Angela Merkel pretende agilizar las deportaciones de individuos cuya solicitud haya sido denegada, así como imponer sanciones más duras -entre ellas limitar su capacidad de movimiento- a aquellos que hayan facilitado datos falsos a las autoridades cuando se registraron en el país.
Además, la nueva normativa autoriza el uso de tobilleras electrónicas para vigilar a potenciales terroristas extranjeros, facilita su ingreso en prisión de presuntos islamistas y aumenta el periodo de tiempo que éstos pueden permanecer detenidos a la espera de su expulsión a su país de origen.
Del conjunto de medidas a las que el Gobierno dio luz verde, la más polémica es aquella que permitirá a la Oficina Federal de Refugiados y Migración (BAMF) acceder a los teléfonos celulares o computadoras de los extranjeros para poder determinar su verdadera identidad. "Es de ley que el Estado pueda cerciorarse de si los datos facilitados por un solicitante de asilo sobre su nacionalidad son correctos", defendió el ministro del Interior, el cristianodemócrata Thomas De Maizière.
La organización defensora de los derechos humanos Pro Asyl criticó en las últimas horas la nueva normativa asegurando que se trata de una "brutalización de las expulsiones", al tiempo que aseguró que Alemania pasó de ser un país de acogida a uno de deportación.
También desde el partido de la oposición La Izquierda observan con preocupación los planes del Gobierno. "Los celulares y las computadoras pertenecen al ámbito privado que debe protegerse", señaló la líder de la formación, Katja Kipping, en declaraciones a dpa.
Las organizaciones de ayuda a refugiados revelaron que ayer se llevó a cabo una deportación masiva de ciudadanos afganos desde Múnich, una expulsión que causa revuelo en Alemania, dado que en el país musulmán continúan luchando gropas gubernamentales contra talibanes, lo que no garantiza una situación de seguridad para los retornados.
Sin embargo, desde el Gobierno de Merkel defienden las expulsiones e insisten en que determinadas zonas de Afganistán son lo suficientemente seguras.
La normativa aprobada, acordada hace semanas por los ministros de Justicia y de Interior y que todavía debe ser refrendada en el Parlamento del país, tiene como objetivo evitar que se pueda repetir un caso similar al ocurrido el pasado diciembre, cuando Anis Amri, un peticionario de asilo tunecino, perpetró un atentado terrorista en un mercado navideño de Berlín causando la muerte de 12 personas.
Sobre Amri, a quien las fuerzas de seguridad vigilaban al considerar que podría resultar peligroso, pesaba una orden de expulsión de Alemania que nunca llegó a ejecutarse.
Así, aunque las autoridades alemanas le denegaron el asilo político, no pudieron deportarlo por falta de documentos de identidad que esperaban de Túnez. Amri utilizó 14 identidades diferentes tras llegar a Alemania en 2015 y mantuvo contacto con círculos islamistas radicales (salafistas) en Alemania.
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