Alianza de jueces porteños contra políticos PRO y K

Juan Manuel Olmos

Las nuevas autoridades del Colegio de Magistrados, integrantes del Ministerio Público y funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad para el próximo año asumieron ayer y ya prometen roces con la política porteña. Tanto su presidente, el juez contencioso, administrativo y tributario, Fernando Juan Lima, como el resto de los titulares designados fueron producto de una lista de unidad entre las diferentes líneas internas de la institución que se planteó como principal objetivo para el año que viene defender la independencia judicial en la Ciudad y monitorear mejor el manejo del presupuesto destinado a la Justicia.

La alianza entre los jueces del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario porteño -que no pertenece a la línea más opositora a Mauricio Macri, como Elena Liberatore y Roberto Gallardo-, los fiscales liderados por el procurador Germán Garavano -designado por el actual jefe de Gobierno- y sectores independientes se definió poco después de que la Legislatura porteña completara el estamento político del consejo de jueces de la Ciudad. Los objetivos principales de esta lista de unidad son defender la institucionalidad judicial, defender la independencia de la Justicia, mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios e impulsar que los concursos se definan a término.

Este último punto es una de las cuestiones más tirantes entre el estamento judicial y los políticos, ya que la falta de designación de consejeros por parte del Legislativo porteño impidió que el consejo de reuniera en plenario y retrasó los plazos de los concursos, entre otras cuestiones. Otro de los puntos de conflicto es el manejo del presupuesto en este organismo, ya que, según se comenta entre los magistrados y funcionarios, el consejo favoreció en este tiempo la creación de oficinas administrativas en lugar de juzgados, defensorías y fiscalías.

Parte de estos roces entre los políticos porteños y un sector de los magistrados y funcionarios judiciales porteños se hizo evidente en la votación de autoridades del Consejo de la Magistratura porteño la semana pasada. En ese plenario, el representante del justicialismo porteño, Juan Manuel Olmos, fue elegido presidente por ocho votos de los nueve integrantes. El único consejero que se abstuvo de la elección fue el representante de los jueces Mariano Otamendi, quien sólo quedó a cargo de la Comisión de Relaciones Institucionales del cuerpo. Otamendi fue una de las autoridades que asumieron ayer en el Colegio de Magistrados y es parte de esa lista de consenso: será el secretario general de la institución, un cargo clave, además de desempeñarse todavía como consejero hasta mayo del año que viene.

Desde la Justicia, esta falta de presencia del estamento de los jueces en las comisiones del organismo fue percibida como un gesto desdeñoso de los consejeros políticos, quienes fueron elegidos gracias a un acuerdo entre el bloque PRO-UCR y el kirchnerismo en la Legislatura. Así, tanto el voto de autoridades en el consejo como las asunciones de ayer en el Colegio de Magistrados mostraron cómo se está reorganizando el mapa de la Justicia porteña, con un sector de los jueces intentando defender sus intereses y no alineados con los partidos mayoritarios.