Allanan ministerio y a ex jefe Palacios por las pinchaduras

• Oyarbide busca pistas del ex policía James

El Ministerio de Educación porteño, el estudio jurídico del jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, y las oficinas de la empresa de seguridad Arpas, de Jorge «Fino» Palacios, fueron allanados ayer por orden del juez Norberto Oyarbide, como parte de una investigación de las intervenciones irregulares de los celulares del empresario Carlos Ávila y de Sergio Burstein, integrante de la Asociación de Familiares de Víctimas del atentado a la AMIA. La Justicia investiga la conexión del detenido Ciro James, quien era empleado del Gobierno de la Ciudad y de la Policía Federal con la realización de las pinchaduras.

Durante el operativo, realizado por el departamento de Asuntos Internos de la Policía Federal, se secuestraron documentos y las computadoras de la jefa de Gabinete de Educación, Roxana Barroso, y del jefe de auditores de esa cartera, Roberto Ayub, así como otros CPU pertenecientes a las oficinas de Chamorro y Palacios.

La medida respecto del ministerio que conduce Mariano Narodowski fue dispuesta luego de las declaraciones testimoniales de los funcionarios de esa cartera, quienes admitieron que el ex policía y abogado, James, había firmado dos contratos de empleo con Educación, en 2008 y 2009, por $ 57 mil. Si bien Barroso -jefa de Gabinete de Narodowski- había declarado ante el juez que James trabajaba para ella como «asesor externo» y que era consultado por cuestiones relacionadas a incompatibilidades de la ley de empleo público, el jueves pasado Narodowski al declarar ante Oyarbide no dejó claro cuáles eran las funciones que cumplía el ex policía en su cartera.

La ambigüedad de los funcionarios respecto de su ex empleado desencadenó el allanamiento, ya que una de las hipótesis de la pesquisa apunta a que su contrato en Educación podría encubrir el pago de tareas de inteligencia para la Policía porteña, que organiza el Ministerio de Seguridad, a cargo de Guillermo Montenegro.

Los otros dos allanamientos fueron ordenados al comprobarse un sistemático cruce de llamados entre el ex jefe de la Policía porteña, Jorge «Fino» Palacios, su actual titular, Chamorro, y James. También se acreditaron numerosos llamados al ex jefe de Inteligencia del departamento de Drogas de la Policía Federal y ex jefe de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas y Delitos Complejos de la Policía Federal de la Triple Frontera, Roberto Ontivero, quien habría sido uno de los candidatos para ser jefe de Inteligencia de la fuerza metropolitana.

El ex policía señaló en su declaración indagatoria que había mantenido una reunión con ellos para ingresar a esa fuerza, pero que no tenía una vinculación particular con ninguno de los dos. El cruce de llamados dispuesto por Oyarbide comprobó que esto no era así. Además, muchas de las llamadas realizadas por James fueron ubicadas en la zona geográfica del Ministerio de Seguridad porteño, lo que también establecería una conexión del supuesto espía con esa cartera.

La supuesta relación entre James y Palacios es central para la pesquisa, ya que la causa se inició a partir de una presentación de Burstein, en la que denunciaba haber recibido un llamado anónimo que le advertía la intervención de su celular y que Palacios lo estaba espiando. El juzgado comprobó las escuchas sobre este celular y el de Ávila, ordenadas por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Misiones en una causa que no tenía ningún tipo de relación con ellos. Según declaró el agente que impulsó las escuchas, James fue quien dio el dato del teléfono de Burstein, junto con otros números que también fueron intervenidos en esa causa.

El ex policía negó este hecho, si bien admitió que él había trasladado los casetes a Misiones, para agilizar los trámites procesales. El juzgado apunta ahora a indagar las dimensiones de los vínculos entre James y Palacios, así como las posibles conexiones con el área de Seguridad del Gobierno porteño.