Allanan Policía: Ávila pinchado desde 2007

La Policía Metropolitana fue allanada ayer por orden del juez Norberto Oyarbide, en el marco de la causa que investiga la intervención irregular de los celulares del empresario Carlos Ávila y de Sergio Burstein, integrante de la Asociación de Familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Entre hoy y mañana el magistrado resolverá la situación procesal de Ciro Gerardo James, principal sospechoso del caso, y de los dos policías de Misiones que habían solicitado la intervención de los teléfonos a un juez de Instrucción de esa provincia.

El procedimiento fue realizado ayer al mediodía por la Policía Federal en el edificio del Ministerio de Seguridad y Justicia porteño (donde se encuentra la Policía), ubicado en la avenida Regimiento de Patricios en el barrio de Barracas. Allí se secuestraron tres computadoras pertenecientes al jefe interino de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, a Eduardo Orueta, jefe de reclutamiento de la fuerza porteña, y a Roberto Ontivero, ex jefe de Inteligencia del Departamento de Drogas de la Policía Federal y ex jefe de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas y Delitos Complejos de la Policía Federal de la Triple Frontera, quien habría sido uno de los candidatos para ser jefe de Inteligencia de la Policía porteña.

La medida fue dispuesta por el juez Oyarbide luego de comprobarse un sistemático cruce de llamados entre James, el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge «Fino» Palacios, y Chamorro.

Si bien se habría determinado ordenar el allanamiento en Seguridad junto con los del Ministerio de Educación porteño, el estudio jurídico de Chamorro y las oficinas de la empresa de seguridad Arpa (perteneciente a Palacios), el procedimiento se habría postergado para recibir la confirmación del cruce de llamados entre el ex policía apresado y Palacios.

Cuando la empresa Arpa ratificó que el Nextel consultado era el del ex jefe de la Policía porteña, se avanzó con la medida. Están comprobadas unas 110 llamadas del celular de James al de Palacios, y otras 40 del ex comisario al sospechoso. Muchas de ellas fueron captadas por la antena del Ministerio de Seguridad, lo que da la pauta de que el ex policía, que estaba a punto de ingresar a la Policía Metropolitana según declararon todos los funcionarios macristas que se presentaron ante Oyarbide, se encontraba por lo menos en las inmediaciones del lugar, si no dentro de él.

El ex policía y abogado es investigado porque habría sido quien diera el dato del teléfono de Burstein al juzgado de Misiones -incluso lo llamó desde su celular dos días antes de que se produjera la intervención- y fue quien trasladó las grabaciones de la SIDE hasta esa provincia. La conexión entre Palacios y James es central, ya que la causa se inició a partir de la denuncia de Burstein de un llamado anónimo en el que le advirtieron que el ex jefe de la Policía porteña lo estaba espiando. Palacios fue procesado hace un mes por las presuntas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA.

Por otro lado, el juzgado comprobó que el celular del legislador ibarrista Eduardo Epsztein no estaba intervenido, al menos en la causa por la que pincharon los teléfonos de Burstein y Ávila. Siguen indagando, sin embargo, sobre la presentación del legislador porteño Aníbal Ibarra, quien denunció que en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad habría estado funcionando una suerte de secretaría de inteligencia, para la que habría trabajado James y desde la que se habrían impulsado las escuchas a través del juzgado de Misiones.

Más allá de esta acusación, la pesquisa de Oyarbide se amplía y en el propio juzgado afirman que no saben cuáles serán las posibles derivaciones del caso: ya detectaron que el celular de Ávila habían sido intervenido en 2007 por orden de un juez de Instrucción de Capital Federal. El magistrado pidió la causa para investigar si presenta alguna conexión con la pesquisa actual.

En los próximos días se definirá la situación procesal de todos los arrestados en la causa: James, el jefe de la División Homicidios de Misiones, Raúl Rojas, y el auxiliar de Inteligencia de esa provincia, Diego Guarda.