Allanaron jardín en busca de pruebas por maltratos a niños

El Jardín Tribilín donde un grupo de padres denunció maltratos a los menores por parte de las docentes que trabajan allí.

La Justicia allanó ayer el jardín de infantes Tribilín, en el partido bonaerense de San Isidro, en busca de documentación probatoria en la causa que se abrió por presunto maltrato que les aplicaban las maestras a niños de 45 días a 3 años que concurrían a ese establecimiento.

El fiscal de instrucción de San Isidro Franco Servidio ordenó el procedimiento judicial en el establecimiento y efectivos de la Comisaría 1ª debieron derribar la puerta para poder entrar. "Buscamos documentación y elementos probatorios para la causa", detalló una fuente.

Los maltratos quedaron registrados en grabaciones de audio que consiguió un padre, en las que se escuchan de parte de las maestras encargadas de cuidarlos insultos de todo tipo hacia los niños, mientras se investigan posibles agresiones físicas.

Los psicólogos de la asesoría pericial de San Isidro también evaluarán si alguno de los niños padece algún tipo de trauma, trastorno o secuela debido a los presuntos maltratos.

En un primer examen realizado el viernes pasado en el jardín, el cuerpo médico de la Policía científica bonaerense, con la presencia del fiscal, no se detectó ningún signo evidente de maltrato físico en los nenes que fueron revisados, pero recomendaron que sean evaluados por psicólogos.

Los voceros judiciales agregaron que el fiscal también trabaja para chequear si el establecimiento estaba o no habilitado y bajo el control de alguna autoridad educativa.

En ese sentido, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, rechazó cualquier responsabilidad en el caso al asegurar que el jardín no tenía "habilitación para funcionar como tal y sólo contaba con una aprobación de presentación de planos".

"Se trataba de personas que actuaban como monotributistas, se estableció un engaño a los padres y esto desembocó en la existencia de maltrato", dijo Posse, y calificó a los responsables del establecimiento como "delincuentes con una grave patología".

Posse aseguró que el municipio "sólo aprobó, hace 16 años, los planos del jardín, pero no hay documentación sobre habilitación", y justificó la ausencia de un seguimiento en "la gran cantidad de centros educativos privados". El intendente aseguró estar "indignado y sensibilizado" porque "sobre la base de una aprobación de planos y sin autorización de la provincia ni del municipio, se estableció un engaño a los padres y un ardid que desembocó en la existencia de maltrato infantil".

Por su parte, el padre de Yanina Gogonza, una de las docentes acusadas de maltrato, también deslindó ayer responsabilidades y sostuvo: "Yo soy el padre, pero ella ya es mayor de edad y la Justicia tiene que definir".

La provincia de Buenos Aires presentó una denuncia penal contra las docentes Yanina Gogonza y Noelia Gallardo y la directora, Noemí Núñez; y aunque el delito que se les imputa es excarcelable, una vez concluidos los testimonios de los niños y reunida la documentación se puede cambiar la tipificación del delito.