Un juez ordenó operativos vinculados a Simonetta Orsini por presunto contrabando de relojes de alta gama y evasión impositiva.
La Justicia avanzó ayer en más de 12 allanamientos a la joyería Simonetta Orsini y a varias sociedades y un estudio jurídico vinculados a la compañía, luego de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por presunto contrabando y evasión impositiva agravada.
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Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado en lo Penal Económico N° 5, a cargo del juez Diego Amarante, luego de una denuncia iniciada por las declaraciones de un tercero damnificado, que detalló, con pruebas, la operación de "reembarco" que aparentemente realizaba la joyería a través de maniobras con relojes de las marcas Ademar Piguet, Vacheron Constantin, Cartier, Jaeguer Lecoultre, Breguet, Lange & Sohne.
Hasta anoche se habían incautado más de 400 relojes de estas marcas, algunos de los cuales tienen un valor de venta en el mercado local por más de u$s200.000. La investigación también se extiende hacia otras empresas del grupo (PS GROUP SA y DAJIJ SA) con la misma
operatoria irregular en la importación de relojes; y a un estu-
dio jurídico donde, aparentemente, se formalizaban las maniobras.
Entre otros comercios de Simonetta Orsini, se allanó la sede central de Posadas al 1100, otra en Montevideo y Alvear, la sucursal del Patio Bullrich, otro local de la calle Alvear. En todos los locales, y mientras se realizaban los allanamientos, se colgó el cartel "cerrado por inventario".
La maniobra de "reembarco" se basaba en ingresar la mercadería a través de zonas francas, declarando que la mercadería se dirigía en realidad a terceros mercados, cuando en realidad se comercializaba dentro del país y el envío al exterior terminaba siendo de productos primarios (frutas).
La AFIP investiga además la formación de la sociedad: se sospecha que estaría integrada por dos socios, Myriam "Mimí" Kohen (esposa de Gerardo Ferreyra uno de los dueños de Electroingeniería, empresa vinculada a la obra pública) y Martín de Leeuw, que recibió una condena en Estados Unidos por lavar decenas de millones de dólares de los mayores carteles colombianos del narcotráfico y por la que recibió una pena de cuatro años en los tribunales de Chicago a mediados de 1990. Aún hoy tiene prohibido su ingreso a ese país.
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