El radicalismo junto al macrismo, la Coalición Cívica y el peronismo disidente le exigieron ayer al Gobierno que respete los tiempos del debate en el Congreso de la nueva ley de comunicación audiovisual. Fue la primera presentación de la oposición sobre la ley de medios que el Gobierno apura y quiere sancionar en 30 días. Y marcó, aunque en disidencia, que el Gobierno no tendrá demasiados problemas en lograr el quórum el día que decida bajar la nueva ley de radiodifusión al recinto.
No hubo negativa de la oposición a debatir la ley antes del 10 de diciembre, como en principio había lanzado el jujeño Gerardo Morales, presidente de la UCR, pero sí condicionamientos. Ayer, el vocero del grupo opositor, el radical cordobés Oscar Aguad, resumió las exigencias en tres puntos, además de pedir más tiempo y que el Gobierno acepte introducir modificaciones: la reglamentación de la pauta publicitaria oficial, el acceso a la información pública y la prohibición de que los contratistas del Estado participen en la actividad.
La línea general será que ninguno de esos partidos apoyará el proyecto, pero se insistió en la necesidad de dar un «tratamiento acorde con la importancia de la ley». Y aclaró que la oposición advertirá a «la sociedad del peligro que implica que el Gobierno se apodere de la prensa».
Por el mismo grupo, más tarde, Ricardo Alfonsín fijó su posición: «Sin perjuicio de afirmar la necesidad de debatir la Ley de Radiodifusión vigente, el proyecto del oficialismo resulta invotable. El remedio sería peor que la enfermedad», dijo.
Consensos
En la misma conferencia de prensa, Federico Pinedo insistió en que «no tiene que ser una ley de los políticos, sino que tiene que ser una ley de la gente. La oposición trabajará en conjunto desde distintos partidos, en la búsqueda de consensos».
La Coalición Cívica también se unió al grupo: «La forma en que el Gobierno plantea el tratamiento es una falta de respeto al Parlamento, la importancia del tema amerita la discusión de toda la sociedad».
Entre todos ellos, el cobista Daniel Katz fue quien explicó con más claridad la posición que todos los opositores van a tener en el recinto cuando aclaró que su bloque no va a evitar el debate, pero criticó: «El proyecto va a generar mayor concentración, cuando se pretende hacer creer todo lo contrario». El seguidor de Cobos sostuvo una postura similar a la que hoy mantiene Margarita Stolbizer, que insiste en que la ley debe ser tratada sin postergaciones.
Cerca de allí, en el Salón de los Pasos Perdidos, Fernando Pino Solanas y Claudio Lozano explicaron su posición y presentaron un proyecto propio sobre radiodifusión. «Pedimos la ampliación en el giro a las comisiones y consideramos que el debate no tiene por qué postergarse hasta después del 10 de diciembre, ni por qué hacerse en forma exprés», dijeron ambos.
«Queremos un organismo de aplicación que refleje composición federal y comunitarismo. También rechazamos el ingreso de las telefónicas al mercado de medios», dijo Lozano, ratificando el pedido para que se incluya en la ley un límite a las empresas de telefonía que podrán de ahora en más prestar servicios de radiodifusión.
A favor del Gobierno, el Bloque Solidaridad e Igualdad que preside Eduardo Macaluse, aclaró que por el momento sólo trabaja en el análisis del proyecto con los nueve integrantes de esa bancada, pero negó que lo hicieran en conjunto con Lozano o con la bancada de Encuentro Popular y Social, que encabeza Ariel Basteiro. El socialista había dicho más temprano que Carlos Raimundi, del SI, estaba integrado a un grupo de estudio de la ley junto a Vilma Ibarra, Cecilia Merchan y Victoria Donda.
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