Amenaza el Gobierno con quitar servicios a empresas de micros

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• Tras incumplimientos en el pago del último aumento salarial.

El Gobierno advirtió a las empresas del transporte de larga distancia que no cumplan con el pago de salarios que podrá retirarles los servicios que prestan para distribuirlos entre otros operadores del sector. Lo hizo a través de una resolución del Ministerio de Transporte, con la que buscó apaciguar a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), un gremio en crisis con el Ejecutivo y que entre el martes y ayer realizó paros en algunas compañías de micros. Además, el jefe del sindicato, Roberto Fernández, amenazó con aliarse con Hugo Moyano y encolumnarse en el proyecto político de Sergio Massa.

La resolución 992/2013 de la Secretaría de Transporte, publicada ayer en el Boletín Oficial, fue dictada como señal al grupo Derudder, propietario de empresas como Flecha Bus y Chevallier, entre otras, y principal jugador en el mercado del transporte interurbano. La UTA paralizó hasta ayer a la tarde varios servicios de esas compañías en protesta por el incumplimiento en el pago del aumento salarial del 23% pactado a mitad de año.

El Gobierno lanzó la advertencia tras constatar que varias empresas eludían la ejecución del aumento, incluso luego de que otra resolución, de junio pasado, les garantizara compensaciones económicas de alrededor de 360 millones de pesos en medio de la puja por la paritaria pendiente.

Ese monto representaba el pago, por parte del Estado, de 100 pesos por cada discapacitado que fuese transportado por las compañías de larga distancia -un servicio que están obligadas a prestar gratis-, y de un peso por kilómetro recorrido en rutas en las que las empresas compitieran con Aerolíneas Argentinas. En aquella ocasión, el Ejecutivo también se comprometió a distribuir subsidios (Repro) mediante el Ministerio de Trabajo a las transportistas que demostraran estar en crisis.

La resolución publicada ayer, con la firma del secretario de Transporte, Alejandro Ramos, establece que las empresas de micros "deberán poner en conocimiento" de la repartición "su imposibilidad de continuar prestando servicios en las trazas objeto de sus permisos", en alusión a las alegadas dificultades para pagar los salarios. La norma prevé que en ese caso la subsecretaría de Transporte Automotor convocará al resto de los operadores para "continuar con la prestación de los servicios involucrados, cubrir las necesidades de movilidad de los usuarios de los mismos y garantizar la fuente laboral de los trabajadores".

En los últimos meses, Roberto Fernández puso en duda su continuidad en la CGT oficialista, de Antonio Caló. Los motivos: una demora de más de siete meses en la firma de la paritaria de larga distancia -y el incumplimiento posterior de varias empresas- así como el apartamiento de la UTA en los debates con los trabajadores del subte porteño, hoy representados por el gremio Agtsyp.

Tras la resolución, el gremialista aguardaba un posible encuentro con el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, con quien se mantiene enfrentado junto a Omar Maturano, el líder de los maquinistas de La Fraternidad.

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