Amenazan a Londres con suspender permiso para volar a Malvinas

• Ante debilidad inglesa, revisan plan Perón de 1974 de condominio

Juan Perón

El Gobierno le advirtió ayer a Gran Bretaña que si no acepta la orden de la ONU de sentarse a discutir la soberanía sobre las Malvinas, revisará el acuerdo bilateral del 14 de junio de 1999 que permite vuelos entre Chile y las islas con escala en Río Gallegos. Ese pacto ya fue suspendido una vez, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, pero fue repuesto semanas más tarde. Cristina de Kirchner centró en esa advertencia el párrafo más duro del discurso ayer en la Asamblea General de la ONU, donde dijo que el caso Malvinas pone a prueba el sistema mismo de las Naciones Unidas.

«Vamos a esperar un tiempo más, pero si no, nos veremos obligados a revisar entendimientos provisorios vigentes», dijo la Presidente en ese discurso sobre el acuerdo que firmaron, durante el anterior Gobierno peronista de Carlos Menem, los cancilleres Guido Di Tella y Robin Cook. Esos acuerdos, según se estableció entonces, deben ser revisados periódicamente. Los vuelos tienen hoy una frecuencia mensual entre Punta Arenas y Puerto Argentino con escala en Río Gallegos.

Según ese protocolo, después de 17 años los argentinos pudieron volver a visitar las Malvinas con sus pasaportes. Luego se restablecieron los vuelos entre el archipiélago y el continente.

Esta amenaza va más allá del trajinado discurso nacionalista de todas las administraciones. Es un acto operativo más que declarativo, de los más enérgicos en mucho tiempo. La Argentina además ha sumado apoyos en favor de su reclamo en los últimos años de manera significativa. Un veto a los vuelos desde Chile con escala en el país complicaría de manera notoria las comunicaciones con las islas usurpadas, ya que países como Chile, Uruguay y Brasil ya se han pronunciado en contra de ofrecer apeaderos alternativos a los ingleses para volar hacia las islas, algo que no ocurría en años anteriores. Cuando bajo la administración Kirchner, siendo Rafael Bielsa canciller, se revisó y suspendió temporalmente la autorización acordada en 1999, Londres se conmovió en serio y se sentó a hablar sobre temas que antes también se negaba a discutir, salvo la soberanía en las islas irredentas.

El reclamo por Malvinas es para los tres poderes del sistema argentino un mandato de rango constitucional (Disposición Transitoria 1 de la carta reformada en 1994), y el actual Gobierno ha hecho de su carácter incondicional uno de los ejes de su política exterior. Por ejemplo, el país no ha designado embajador en Londres desde el alejamiento del último representante, Federico Mirré, y ni tiene interés en cubrir esa plaza, pese a que Londres nunca levantó a sus representantes en Buenos Aires.

La Cancillería actúa siguiendo la política tradicional del reclamo según las directivas de la ONU por la Resolución 2.065 de 1965 (Gobierno radical de Arturo Illia), que considera a esta disputa un conflicto de descolonización y no, como reclama Londres, de autodeterminación. Como ocurrió con el Gobierno conservador de Margaret Thatcher en 1982, la Argentina vuelve a encontrarse con una administración en crisis y con todos los países de Europa lanzados a durísimos recortes del gasto. El Reino Unido sigue, además, comprometido en la guerra en Afganistán (se retiró ya de Irak), que produce un drenaje de recursos. En ese contexto, presionar con el aislamiento de las islas en un momento de restricciones es hacerlo ante un contradictor en dificultades para atender al gasto en defensa.

La amenaza de ayer -en las hipótesis de la Cancillería- podría convencer a Londres de sentarse a discutir alguna forma de reconocimiento de soberanía que supere la idea del «paraguas» que establecieron los dos países en los acuerdos de Madrid de 1990, según negociaciones que había hecho el Gobierno de Raúl Alfonsín y terminó el de Menem. A los diplomáticos identificados con el peronismo les entusiasma en estas horas que se ha haya reflotado la idea que en 1974 había ofrecido Londres de establecer un condominio o administración con dos banderas por un período transitorio. En esas conversaciones que inició Londres en junio de ese año intervino el entonces canciller Alberto Vignes, quien recibió el acuerdo de Juan Perón. La muerte de éste un mes más tarde frustró ese acuerdo, que no se animó a llevar adelante «Isabelita».

Es una historia antigua de la cual ha dado testimonios detallados el exembajador Carlos Ortiz de Rosas, uno de los expertos en Malvinas de la casa, que fue embajador en Londres de los militares y en Estados Unidos del menemismo. Le dedicó el discurso de ingreso a la autodenominada Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas -que no es precisamente una unidad básica peronista, sino todo lo contrario- en junio de 2006. En ese cuento, Ortiz de Rosas cita una frase de Perón a Vignes al conocer la idea: «Es muy conveniente. Hay que aceptarla. Una vez que pongamos pie en las Malvinas no nos saca nadie, y tiempo después tendremos la soberanía plena».

Este proyecto fue la base de la estrategia de la seducción que emprendió el Gobierno menemista y parecía sepultado, por esa razón contaminante, en los archivos de la Cancillería. Pero el hecho de que haya reflotado el relato sobre aquel proyecto en una charla hace pocas semanas ante alumnos del Instituto del Servicio Exterior le dio nueva circulación y algunos lo ven como una señal de que ésa puede ser la hoja de ruta para algún acuerdo si Londres se conmueve con esta amenaza. Este hecho está en estas horas en boca de todos los diplomáticos cuando se les pregunta por Malvinas.

La Presidente también se quejó en su discurso de la provocación del Gobierno británico de hacer ensayos con misiles en aguas argentinas en torno a las Malvinas. Agregó que «no tiene ningún derecho de apropiarse ilegalmente de los recursos naturales, como los petroleros y los pesqueros».

Londres ha amparado la exploración de hidrocarburos al norte de las islas, algo que enojó más a Buenos Aires, que respondió con la orden de que todo buque que quiera transitar entre puertos argentinos y las islas, o que cruce por aguas argentinas en esa línea, debe solicitar una autorización del Gobierno.

Antes de ahora, el Gobierno argentino había hecho caer los acuerdos firmados también en la década de 1990 para la cooperación en el área de hidrocarburos, al que luego se sumó la decisión argentina de suspender o no firmar contratos con las empresas que exploren en las islas. Este reclamo le sirvió a la Presidente para pedir además una reforma de la carta de la ONU que anule la categoría de miembros permanentes del Consejo de Seguridad y elimine el derecho a veto del que gozan esos países en el organismo.