Amenazas de bomba: bromas caras para las provincias

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Una nueva amenaza de bomba, esta vez contra un jardín de infantes al que concurre una hija del intendente de Hurlingham, el peronista Juanchi Zabaleta, atizó la preocupación oficial por la escalada de casos registrados en las últimas horas en escuelas de la provincia de Buenos Aires y también en diversos establecimientos de Santa Fe.

"Lamentablemente estamos encontrando que hay muchos menores detrás de este tipo de hechos, lo que para el Estado representa una gran cantidad de dinero. Dejaron de ser una broma y se convirtieron en un problema", afirmó días atrás Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal al confirmar el aumento de amenazas mediante la línea de emergencia 911 de la Policía, aunque en sólo una, el Colegio Nacional de Adrogué, se encontró una granada en un cajón de manzanas que luego fue detonada.

La misma inquietud dejó trascender el Gobierno de Miguel Lifschitz luego del creciente número de amenazas de bomba en colegios de Rosario y de la ciudad de Santa Fe. Incluso, la preocupación se centró en el perjuicio económico que representa para el Estado cada operativo para descartar la presencia de explosivos. Según estimaciones de la cartera que conduce Maximiliano Pullaro, movilizar a personal policial, a la brigada antiexplosivos y a otros especialistas le cuesta a la provincia unos 50 mil pesos.

El viernes pasado, al menos cinco escuelas de la zona de Castelar, al oeste del conurbano bonaerense debieron ser evacuadas por amenazas recibidas a través de un llamado telefónico. Entre los establecimientos se encontraba el colegio al que concurren los hijos de la gobernadora Vidal.

Ese día se informó que en el último mes decenas de escuelas de la provincia registraron casi mil llamados con amenazas de bombas, que se incrementaron exponencialmente tras el receso invernal, tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires y en otras provincias.

A su vez, los tribunales de Mar del Plata investigan el origen de al menos 17 amenazas falsas de bomba que se registraron en agosto en escuelas públicas y privadas del balneario bonaerense a través de llamadas telefónicas.

La investigación está a cargo del fiscal Eduardo Amavet, titular de la Oficina de Determinación de Autores, quien dijo que la reiteración de casos excede "la normalidad de situaciones de intimidación pública que se suscita todos los años, sobre todo en épocas de exámenes".

La cantidad de llamados preocupa a los gobiernos provinciales y a las autoridades educativas por lo que evalúan capacitar a personal de la policía local para que pueda revisar una escuela ante una amenaza, con el objetivo de agilizar los procedimientos que, por el momento, hacen personal especializado lo que en muchas ocasiones demora la inspección de los establecimientos.

En el caso de la provincia de Santa Fe, donde se constató que varias llamadas fueron realizadas por los propios alumnos por "efecto contagio", la ministra de Educación, Claudia Balagué, dijo que se establecieron sanciones y que se trabaja en conjunto con los ministerios de Seguridad y de Justicia para darle a la a esta problemática un abordaje más general.

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