Amnistía masiva a piqueteros complica ley de protesta social

• ÁSPERO DEBATE AYER EN LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES.• FPV, PRO Y FAUNEN BUSCAN CONSENSUAR PROYECTO.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avanzó ayer con un predictamen del proyecto que regula la protesta social pacífica y dispone, en su artículo 13, una amnistía para los delitos cometidos en el marco de protestas, movilizaciones y reivindicaciones sociales. Se trataría, en caso de ser aprobada, de la primera amnistía del siglo XXI y también la primera aprobada desde 1998, cuando el Congreso de la Nación votó a favor de un perdón a viñateros, bodegueros y fraccionadores que incumplieron disposiciones de la Ley General de Vinos sobre producción e industria.

De acuerdo con el proyecto que ayer comenzó a circular para la firma de los diputados, la amnistía a piqueteros y organizaciones sociales se aplicará con retroactividad en relación con los delitos cometidos en el marco de cortes de calles y protestas hasta la sanción del proyecto, que podría votarse a fin de mes en Diputados. La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional excluye de la amnistía a los delitos de homicidio, lesiones graves y cualquier otro que implique el ejercicio directo de violencia física sobre las personas, aunque no especifica ninguna excepción en relación con el destrozo de propiedades y bienes.

El beneficio alcanzaría a unas 4 mil personas, de acuerdo con organismos de derechos humanos y de izquierda. La ley para regular la protesta social, que además incluye la figura de un mediador y un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad -que deberán intervenir siempre sin portar armas de fuego-, avanzó ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la kirchnerista Diana Conti. La diputada advirtió que para llegar al recinto el proyecto debería contar con el consenso de los bloques opositores, pero el debate comenzó con críticas del PRO, a través de Pablo Tonelli; de la Coalición Cívica, en la voz de Elisa Carrió; y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, de Nicolás del Caño.

El inciso 20 del artículo 75 de la Constitución nacional faculta al Poder Legislativo a "Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores y conceder amnistías generales". Las más de 60 leyes de amnistía dictadas en el país pueden ser divididas en dos grandes grupos: las concernientes a obligaciones electorales incumplidas y las vinculadas con obligaciones militares no efectivizadas. Fuera de esos casos, hay amnistías particulares, como las otorgadas a la actividad vitivinícola, las estrictamente relacionadas con los delitos políticos o las otorgadas a las fuerzas de seguridad.

Humberto Quiroga Lavié realizó un análisis histórico de la amnistía en la Argentina y sostiene que "la primera amnistía decretada en el país fue dispuesta por el Primer Triunvirato el 30 de septiembre de 1811, tuvo carácter expresamente político; luego la Asamblea General Constituyente de 1813 dictó una amnistía relativa a delitos políticos cometidos en los hechos revolucionarios del 8 de octubre de 1812, pero no tuvo carácter general pues no benefició a Saavedra ni a Joaquín Campana. Se corrigió dicho exceso con la Ley de Olvido General dictada por la Junta de Representantes el 9 de noviembre de 1822".

En el siglo pasado, en 1986 y 1987 aparecen las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictadas durante el Gobierno de Raúl Alfonsín en el proceso de transición al regreso de la democracia, y anulada en 2003 por Néstor Kirchner. El artículo referido a amnistías en la ley que busca regular la protesta social obedece a un reclamo de los partidos de izquierda, a pesar de que ayer, en la comisión, Del Caño y Conti no se pusieron de acuerdo.

Del Caño, del FIT, se quejó de que el texto no especifica "quién determina si la protesta es pacífica o no" y recordó que días atrás el secretario de Seguridad, "Berni, dijo que la protesta de (los trabajadores de la autopartista) Lear era sangrienta". El comentario del legislador de la izquierda disparó la respuesta de Conti: "Le pido que no me pudra el debate. Nosotros respetamos su manera anárquica de ver la realidad. No nombre a Berni ni a ningún funcionario de mi Gobierno. No nos vuelva locos".

Del Caño le respondió a los gritos a la titular de Asuntos Constitucionales: "Hay protestas y hay represión, si no hablamos de lo que pasa en la Argentina sobre qué vamos a legislar".

El diputado del Frente Renovador, Alberto Asseff, ratificó su proyecto para impedir que "encapuchados con palos" se infiltren en las protestas y afirmó que "nos hallamos a años luz de criminalizar las protestas sociales, pero estamos convencidos de que el desorden, los obstáculos al libre tránsito y el conflicto permanente utilizado como método de acción política nos empobrecen a todos, fogonean cierres de fábricas, despidos y penurias, sobre todo para los argentinos más vulnerables. Revolcados en el desorden no hay futuro luminoso para nadie".

El proyecto del FpV, que es un intento de amalgamar las iniciativas que los legisladores habían presentado en la comisión, hace una diferencia entre "la protesta pacífica" y la "no pacífica", cambiando la idea inicial del oficialismo, que marcaba una distancia entre "legítima o ilegítima". Y dispone la creación de "la comisión de mediación para protestas o manifestaciones sociales pacíficas", que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se integrará con representantes de los ministerios que disponga el Poder Ejecutivo nacional.