Amparos: kirchnerismo intenta achicar por ley la ventanilla

Diana Conti, Ricardo Gil Lavedra

El kirchnerismo avanza sobre la reforma de la ley de amparos, cuando todavía se sienten los efectos de las medidas cautelares que suspendieron los diferentes intentos del Gobierno de utilizar las reservas del Banco Central para pagar vencimientos de la deuda pública en 2010.

El proyecto de ley impulsado por la diputada oficialista Diana Conti se limita a proponer el agregado del artículo 7° bis, con el objetivo de limitar la legitimación de los funcionarios públicos a la hora de impulsar acciones de amparo. «Cuando un integrante de un poder del Estado solicite una medida cautelar invocando una legitimación fundada en el ejercicio de sus funciones, deberá ser analizada con particular estrictez y sólo podrá concederse junto con la constitución de una caución real», sostiene el nuevo artículo propuesto.

El proyecto de ley ya fue presentado ante la Comisión de Justicia de Diputados, presidida por el legislador de la Coalición Cívica, Ricardo Gil Lavedra, pero todavía no ha sido analizado, como otras propuestas que también plantean modificaciones en la ley de amparos.

Las críticas a la actual normativa, la Ley 16.986, no son una novedad: tanto jueces como legisladores del oficialismo y la oposición han mostrado en más de una ocasión sus preocupaciones por la creciente judicialización de la política y la amplitud que ofrece jurídica que tiene la ley para iniciar acciones de amparo. La diferencia central en ese caso es el pasado reciente y cómo los amparos de la oposición paralizaron la posibilidad de que el Gobierno use las reservas del BCRA, como planeó en diciembre pasado.

En medio de los temblores que todavía se sienten entre el oficialismo y la Justicia por las medidas cautelas que suspendieron los decretos de necesidad y urgencia, el proyecto de Conti apunta directamente a este blanco: la posibilidad de que funcionarios públicos impulsen amparos.

Quizás para prevenir críticas en este sentido, el escrito resalta al comienzo que «bajo ninguna circunstancia debe verse en el presente proyecto de ley una intención de restringir el acceso a Justicia, lo cual sería claramente contrario al texto de la Constitución». También aclara que la finalidad de la propuesta es «acordar mayor solidez a nuestro sistema institucional, en atención a las eventuales consecuencias que puedan derivarse del dictado de medidas cautelares».

El proyecto recuerda, además, la postura de la Corte Suprema de Justicia sobre los límites en la legitimación de los legisladores al presentar demandas vinculadas a temas en trámite en el ámbito parlamentario. El máximo tribunal en general rechaza estas acciones «en representación del pueblo», ya que considera que esa representación está dada en el Poder Legislativo y en ese espacio debe ejercerse.

En este punto, el escrito de Conti subraya que «la solicitud de una medida cautelar constituye un ejercicio extraordinario» en el caso de los legisladores y, por eso, exige «una mayor rigurosidad en el examen y otorgamiento» de esas medidas por parte de la Justicia.

Se subrayan, además, las «consecuencias altamente gravosas» que puede provocar, para el interés público y las instituciones democráticas, el avance de medidas cautelares para suspender «actos, hechos u omisiones que deben desarrollarse normalmente en procedimientos políticos dentro de cada poder estatal por directiva expresa de la Constitución nacional».

La referencia apunta casi de manera directa al conflicto que se desató durante el verano entre los jueces del fuero en lo Contencioso Administrativo, la oposición y el Gobierno. De hecho, el proyecto de ley apunta únicamente a este aspecto de la ley: las limitaciones de los funcionarios públicos para avanzar en la Justicia con amparos.

Entre las últimas medidas del Gobierno que estuvieron suspendidas o actualmente lo están por amparos de legisladores de la oposición, entre otros demandantes en algunos casos, se encuentran la ley de medios, la ley de reforma política y los DNU del Fondo del Bicentenario y del Fondo de Desendeudamiento.

A fines del año pasado, la Cámara alta aprobó otro proyecto -esta vez, del diputado oficialista por Chubut, Juan País- para restringir las acciones de amparo y medidas cautelares contra el Estado nacional, gobiernos provinciales y municipales, y entes autárquicos.

La norma prohíbe que los jueces dicten medidas que «afecten, dificulten, obstaculicen o distraigan de su destino los recursos propios del Estado, sus entes descentralizados o autárquicos, empresas o sociedades de propiedad del Estado nacional». Esta modificación de la ley de amparos ya obtuvo media sanción en Diputados y más de una crítica de constitucionalistas, y espera su confirmación en el Senado.