La Cámara Federal de Casación Penal y el Consejo de la Magistratura esperan que hoy la Corte Suprema, en su reunión de Acuerdo, resuelva de manera salomónica los traslados de jueces que tambalearon luego de la decisión de evaporar el Tribunal Oral Federal N°9, creado a instancias del Poder Ejecutivo. El episodio fue el inicio de una batalla simbólica (y de poder) entre la Casa Rosada y un sector no menor del Poder Judicial. En el cuarto piso del palacio de Tribunales le bajaron el precio al pedido y a la ansiedad que genera la respuesta "aclaratoria" que fue exigida la semana pasada sobre los alcances del veto a magistrados trasplantados de jurisdicción. Sin el TOF 9 en la guía judicial, se generó la incertidumbre sobre si la Acordada implicaba que hubiera un "efecto cascada" sobre otras designaciones que esquivaron el procedimiento que la Corte remarcó. El tema será puesto sobre la mesa de los cinco ministros que llegarán sin haber masticado una posición definitiva. El Ministerio de Justicia avisó que también piensa azuzar por una respuesta a los supremos, lo que habilitaría un capítulo más en la escalada de encontronazos institucionales de las últimas semanas.
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Con la dinámica actual de la Corte, los escenarios son múltiples, variados y combinables para una eventual solución, lo que implica que la respuesta pueda estirarse hasta la semana próxima o diferirse en el tiempo a la espera de que escale un caso judicial con nombre propio. El que se encuentra más avanzado es el de Carlos Mahiques, juez de Casación, cuyo pliego fue aprobado para la misma instancia de la justicia de la Capital Federal y el Consejo convirtió en "federal" con la mayoría de sus votos. El impacto sobre su permanencia ya tuvo réplicas operativas en el máximo tribunal penal. A pesar de ello, la sensación que atravesaba el primer piso de Comodoro Py era que la Corte podría considerar la Acordada 4 como una bisagra, que genere una regla a futuro, pero que condone cualquier incumplimiento pasado, en pos de no generar daños colaterales. Si fuera así, los casos de Mahiques, Leopoldo Bruglia y Guillermo Yacobucci por citar ejemplos- no correrían riesgo alguno. Esto activaría un proyecto parlamentario del tándem senatorial Urtubey-Negri para fijar un nuevo procedimiento para designar jueces, más allá de los concursos.
El ánimo de la Corte es volátil sobre esta materia: "¿Por qué la Corte aclararía algo que no le preguntan?", reflexionaban desde un sector para recordar que (por jurisprudencia) nunca se aclara lo que ya está escrito. Otro sector, apuntaba a zanjar el affaire dejando claro que no habría contra marcha en los casos cuestionados, y que el procedimiento para trasplantar jueces requiere participación del Ejecutivo y aval simple del Senado, incluso para los que ya hubieran desembarcado en sus nuevas posiciones. Una postura intermedia apuntaba a combinar alguno de esos elementos pero a ratificar que ninguno de los jueces corría riesgo de permanencia, lo que despejaría la incertidumbre que dominó a Casación y al Consejo. La discusión podría desembocar en un borrador que circule entre las vocalías para pulir la letra fina y tendría así un desenlace que se estire en el tiempo. El Gobierno, Casación, los tribunales orales, la Cámara Federal y el Consejo tendrán los ojos puestos en lo que suceda a partir del mediodía. Y si se inscribirá o no un capítulo más en la guerra que se desató en varios frentes.
A modo de gesto simbólico, el Gobierno recordó que considera "en capilla" a Ricardo Lorenzetti. Mediante una carta remitida por Ricardo Gil Lavedra en su rol de coordinador del Programa Justicia 2020 que depende de Germán Garavano- respondió al paquete de reformas judiciales que el presidente de la Corte buscó imponer en agenda. Prácticamente dijo que eran una réplica de las iniciativas que esa cartera se había puesto como objetivos tiempo atrás. Y "para su conocimiento", las enumeró, con anexos que podría "descargar de la web". El ninguneo llegó al punto de enlistar las propuestas oficiales y darle por asignado a la Corte un responsable oficial de coordinar las mejoras "en caso de que lo considere pertinente". Fue un estiletazo que sepultó el intento reformista esgrimido por Lorenzetti y dio signos de que el rencor no se ha disipado.
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