28 de noviembre 2012 - 00:00

Apuran un artilugio contra la oposición

Henrique Capriles
Henrique Capriles
Apenas un suspiro después de las presidenciales de octubre, Venezuela otra vez va a las urnas el 16 de diciembre. Con Hugo Chávez re-re-reelecto con el 54% de los votos, pero ausente y callado desde hace doce días (tanto, que todavía no pudo presidir la jura del nuevo ministro de Defensa, Alfredo Molero), ahora es el turno para elegir 23 gobernadores y 233 legisladores estaduales. Con un único match como clave en el fixture, el del estado de Miranda, donde el excandidato presidencial de la opositora Mesa de Unidad, Henrique Capriles, disputa la gobernación con el exvicepresidente y delfín de Chávez, Elías Jaua. Y con un único tema que domina la campaña: si el chavismo, empoderado con los votos y la eternidad de Chávez en Miraflores, instalará el «Estado comunal», llevando a Venezuela al mismo territorio histórico de Cuba o de China.

Lo del Estado comunal, denunciado como inconstitucional y «cubanizante» desde la oposición, no es una veleidad chavista del momento: fue propuesto en la reforma constitucional rechazada en el referendo de diciembre de 2007. Aun con ese veto del voto popular, en diciembre de 2010, a las apuradas y días antes de que asumiera la nueva Asamblea Nacional recién electa, se sancionó la Ley Orgánica del Poder Popular (incluye Ley de las Comunas, de la Economía Comunal, de la Justicia de Paz Comunal), que se agregaba a la Ley de los Consejos Populares, aprobada en 2008.

Propósito

Los críticos dicen que todas estas leyes apuntan a minar el poder y las competencias de las gobernaciones y las alcaldías, estableciendo una conexión directa entre el poder popular y comunal y la conducción de Miraflores. Sin escalas intermedias. Una maniobra que, agregan desde la opositora Mesa de Unidad, tiene como objetivo reducir al mínimo el avance de la oposición sobre el territorio administrativo del chavismo: hoy el antichavismo gobierna en ocho estados y en gran parte de las grandes ciudades. Esta elección de diciembre y la de los 324 alcaldes el próximo 14 de abril podrían modificar más el mapa político, pero también la implementación del Estado comunal podría contrarrestarlas.

Tampoco es nuevo lo del Estado comunal en esta maratón electoral de 2012. Según apunta desde Caracas el abogado constitucionalista Gustavo Tarre, ya existen 30.000 consejos comunales, a los que pronto se le agregarán 21.000 más, dado «el programa de gobierno del presidente Hugo Chávez, que establece la instalación del Estado comunal y se fija como meta concreta la creación, en este período constitucional, de 3.000 nuevas comunas en las que vivirá el 68% de los venezolanos».

El presidente bolivariano definió ese programa como «de transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa», desde donde «acelerar la transición pasa necesariamente por acelerar el proceso de restitución del poder al pueblo». Tenía una meta: el 15 de agosto pasado, cuando las gobernaciones y las alcaldías debían presentar su primer informe de transferencia de «gestión de servicios, actividades, bienes y recursos» a las organizaciones comunales, donde el «pueblo organizado» fuera asumiendo la gestión de la comunidad y la administración de los recursos financieros, relegando las instituciones públicas a un papel de «acompañamiento técnico». Ese informe nunca llegó, lo que provocó el enojo de Chávez.

En cuanto al Estado comunal, para el abogado Tarre es un planteamiento inconstitucional, ya que no aparece definido ni nombrado en los capítulos relativos a la división política ni al poder público de la Constitución bolivariana.

En la otra vereda se encuentra el propio Elías Jaua, candidato a gobernador de Miranda por el PSUV, quien cree que la Constitución venezolana habilita a una democracia participativa y protagónica, y que según su artículo 184, «el proceso de descentralización debe llegar a las comunidades y a los nuevos sujetos de descentralización», como es la comuna y su Gobierno local. «Es una verdadera necedad decir que la comuna va a sustituir a las gobernaciones y alcaldías», remató.

Aunque quizás el aporte más político lo haga Heinz Dieterich, cuyo libro «El socialismo del siglo XXI» fue el andamiaje filosófico-sociológico en el que se basó Chávez para su programa bolivariano. Consultado por Ámbito Financiero, Dieterich respondió que «la idea de un Estado democrático con participación real de las mayorías es una demanda social progresista, que Hugo Chávez configuró para Venezuela como el Estado comunal bolivariano».

«Hoy en día, por primera vez desde la democracia directa griega, tenemos la tecnología y el conocimiento científico para realizarlo. Pero la fase experimental en que se encuentra el proyecto en Venezuela y los comentarios críticos del presidente sobre los resultados muestran las enormes dificultades de realizarlo», agregó desde México.

De acuerdo con Dieterich, la Venezuela chavista del Estado comunal tendría su talón de Aquiles en fallas o carencias estructurales que constituyen la base del Estado democrático participativo del futuro: primero, la de una infraestructura digital muy avanzada; segundo, la de un sistema cibernético político que integre eficazmente las esferas legislativas, ejecutivas, judiciales con los ciudadanos».

Sin esas precondiciones científico-interdisciplinarias del Estado democrático participativo del futuro, el Estado comunal que empuja Chávez no tendría viabilidad, dice Dieterich. Aunque sí tenga, como tiene ahora, visibilidad en la campaña electoral.

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