Argentina aplicará drásticas medidas contra Uruguay por aval a ex Botnia

El canciller Héctor Timerman y el gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, durante el anuncio ayer del retorno del país a la Corte Internacional de La Haya tras la decisión de Mujica.

En un fuerte recrudecimiento de la tensión binacional, el presidente uruguayo, José Mujica, autorizó ayer a la pastera de UPM (ex Botnia) a incrementar su producción anual de pasta de celulosa en 100 mil toneladas.

En reacción, el Gobierno argentino anunció que volverá a recurrir a la Corte Internacional de La Haya por esa decisión, a la que tildó de "unilateral".

Pero, además, Cristina de Kirchner tomará una serie de medidas contra Uruguay de carácter comercial, de conectividad, diplomático y financiero, aunque sin afectar al turismo. No habrá, en cambio, levantamiento de embajadores.

El enojo de la Presidente rozó la furia. "Mujica traicionó a la Argentina", fue la frase que circuló ayer entre altos funcionarios.

De hecho, al considerar que el jefe de Estado quebró acuerdos binacionales, incluso el Gobierno hizo público ayer su informe científico sobre la contaminación que -a su criterio-provoca la planta, que permanecía bajo siete llaves por desacuerdos con Uruguay.

Por de pronto, pasadas las 19 de ayer, el canciller Héctor Timerman confirmó el retorno a La Haya. "La Argentina lamenta que los intereses de la empresa se hayan convertido en tan poderosos que condicionan la relación con Uruguay", dijo, además de remarcar que la decisión "afecta la soberanía ambiental de la Argentina, viola tratados entre ambas naciones y la propia sentencia de La Haya", que falló en 2010 considerando un tope en la producción de 1 millón de toneladas.

"Uruguay rompió el diálogo unilateralmente, lo que deja a nuestro país en la obligación jurídica de recurrir" a esa Corte, remarcó. Además, recalcó que ese país dejó 11 de 21 preguntas sin responder o incompletas, y enfatizó el "esfuerzo" de la Presidente en bregar por "el levantamiento del corte" en el puente General San Martín, tras el largo piquete de ambientalistas que culminó en 2010.

Timerman difundió, además, cifras sobre la contaminación de la pastera instalada en la localidad uruguaya de Fray Bentos -frente a la localidad entrerriana, y que ya retomó la producción- a partir de informes de los científicos argentinos, entre las que destacó los niveles de fósforo (36 veces más) y de cromo (un 400% más), y las altas temperaturas de efluentes arrojados al río Uruguay (32° en vez de 20º), así como la presencia de pesticidas. "Se debió seguir negociando", concluyó.

"Es ofensivo e inaceptable", disparó a su lado, en la Casa Rosada, el gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, respecto de los dichos de Mujica, quien dio a entender que la Casa Rosada exageró su reacción por razones electorales, ante la proximidad de los comicios del 27 de octubre. Dada la gravedad del escenario, Urribarri interrumpió una gira comercial en Estados Unidos.

Dos horas antes, en Montevideo, Mujica había confirmado ante los medios su decisión de permitir un aumento en la producción de UPM, aunque por la mitad de lo solicitado por la empresa finlandesa, tras el naufragio el martes de un intento de acuerdo con la Argentina.

Sin embargo, le puso condiciones a la empresa en defensa del medio ambiente: la construcción de una torre de enfriamiento para efluentes a menos de 30 grados y una disminución del contenido de fósforo de los desechos que descarga en el río. "Tenemos que cuidar el medio ambiente, pero trabajando", argumentó, y remarcó que "desde el punto de vista jurídico Uruguay está procediendo de forma correcta y no merece ninguna objeción".

Mujica, además, consideró que se quedó "sin espacio para negociar con la Argentina". "Tenemos que lamentar esta decisión; es inoportuna, particularmente para la Argentina, porque está inmersa en un proceso electoral a corto plazo y allí el clima político no es el adecuado para tener razonabilidad", aseguró.

En esa línea, calificó la decisión de "dolorosa", pero remarcó que debió "priorizar el interés nacional". "Hemos autorizado aumentar la mitad de lo que la empresa nos solicitó hace dos años, unas 100.000 toneladas, con carácter provisorio -revocable-, porque le estamos exigiendo la instalación de una torre de enfriamiento para asegurar que los fluidos estén por debajo de los 30 grados", dijo.

En 2010, La Haya consideró que no había indicios de contaminación, aunque ordenó un monitoreo conjunto, acordado luego entre los jefes de Estado, cuyos resultados parciales no fueron oficializados hasta ayer, por los duros cortocircuitos entre ambas administraciones.

Más allá de las presiones sobre Mujica para avalar a UPM, habría una cláusula en el contrato que incluiría el compromiso de mayor producción y la amenaza de una causa ante el CIADI por incumplimiento.