Argentinismo griego: el boom de estatales

Una postal de la crisis en Atenas: las marchas de los empleados públicos y gremios en general contra las políticas de ajuste.

Atenas - Uno de los temas centrales más espinosos en estos días que afronta el Gobierno de coalición griego encabezado por Antonis Samarás es la necesidad de reducir drásticamente los planteles de empleados públicos en las reparticiones.

Si la operación no se cumple en tiempo y forma, la troika (Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo) pueden plasmar un reporte negativo de las cuentas públicas y mantener frenada la ayuda financiera, lo que llevaría al país a la bancarrota.

La franja de empleados públicos se ha engrosado sobremanera en los últimos años, al amparo de los últimos gobiernos, con lo que hoy suman cerca de 750 mil las personas que reciben salarios del Estado, sobre una población de 11 millones de griegos. Dicho de un modo más dramático, el 6,8% de la población se desempeña como empleado público, un guarismo que espanta a las autoridades europeas.

El primer intento importante de recorte se produjo el año pasado cuando se estableció que 30 mil estatales pasaran a una situación de disponibilidad (fuera del trabajo sin percibir su salario, aunque por un tiempo indeterminado), pero finalmente sólo 10 mil ingresaron a esa franja de prescindibles. El ministro de Finanzas, Yannis Stournaras, ya ha anunciado que el Gobierno hará un nuevo recorte con una variante, aunque ese cambio nunca fue precisado.

Los legajos con sanciones disciplinarias y los que hayan sido reprendidos por sus jefes serán los primeros en la lista de salida. Los que acumulen sanciones graves o reiteradas amonestaciones serán suspendidos por un año de su puesto sin goce de sueldo, según trascendidos. De hecho, según se supo ayer hay abiertos 6.000 procesos contra empleados del estado por presunta corrupción, violaciones disciplinarias e incumplimientos laborales.

Los entes públicos también darán algunos incentivos, como compensaciones económicas adicionales, para alentar a los trabajadores del estado a que se anoten en las listas de despidos. Sin embargo, ante la falta de recursos, el monto global de esos incentivos no puede superar los 160 mil millones de euros, demasiado poco para tanta masa laboral.

La «troika» está exigiendo desde hace tiempo que para 2015 Grecia debe tener 150 mil empleados públicos menos. Pero la cuestión también tiene sus aristas políticas y es en ese terreno donde el Gobierno de Samarás puede encontrar los mayores obstáculos para ejecutar el plan de reducción de empleados públicos.

La Izquierda Democrática (ID), el pequeño partido de Fotis Kouvelis, que junto al socialista Pasok, de Evangelos Venizelos, apoya al Gobierno de Samarás está planteando algunas oposiciones al recorte de empleados en las dependencias públicas. «El Gobierno se está olvidando de todo lo que le prometió a los griegos antes de las elecciones», protestó el legislador de la ID, Yiannis Micheloyiannakis, tras un encuentro entre pares para evaluar la cuestión.

Agencia ANSA.