Argibay denunció presión a jueces

La jueza Carmen Argibay mostró ayer su preocupación respecto de las insistentes presiones de otros poderes sobre el Poder Judicial y las consideró una problemática cumún del continente, en un debate de la Conferencia de Cortes de las Américas.

La ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay, denunció ayer nuevamente las presiones de los otros poderes sobre la Justicia; fue durante el cierre del debate sobre independencia judicial que tuvo lugar en la Conferencia de Cortes de las Américas.

La jueza afiló la discusión sobre el tema, al resaltar que «en todos los sistemas judiciales del continente, por más diferentes que sean, los jueces insisten en la no injerencia de otros poderes, así como la transparencia de las designaciones, la intangibilidad de los sueldos y el manejo independiente del Presupuesto», como condiciones básicas para asegurar la independencia de la Justicia.

La conclusión de la jueza argentina disparó el comentario de otros colegas presentes en la mesa, como la integrante del máximo tribunal de Bolivia, Beatriz Sandoval Bascopé, quien subrayó la necesidad de que los otros poderes no presionen al judicial y disparó en tono de denuncia «como en este momento está ocurriendo en mi país».

En este punto, sumó otro argumento el presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, Patricio Freire, quien destacó que además debía tenerse en cuenta el «eterno talón de Aquiles» de la Justicia: no poder manejar su propio Presupuesto. Freire también se refirió a la productividad de establecer un diálogo fuerte entre poderes, luego de relatar el muy discutido proceso de transformación institucional ecuatoriano, a partir de la reforma constitucional de 2007-2008.

Durante la charla, que tuvo lugar en el Hotel Hilton después del acto de apertura encabezado por el presidente de la Corte criolla, Ricardo Lorenzetti, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, magistrados de seis países informaron sobre la situación de la independencia judicial de sus respectivos sistemas, coordinados por Argibay. En ella expusieron el ministro de la Corte chilena, Hugo Dolmestch Urra, el referido Freire, el ministro de la Corte de apelaciones de Guyana, Carl Singh; la jueza de Santa Lucía, Janice George-Creque; el presidente del máximo tribunal de Trinidad y Tobago, Ivor Archie; y el vicepresidente de la Corte de Casación de Haití, Georges Moïse.

Este último planteó una de las situaciones más preocupantes respecto a la independencia judicial, al relatar que la Justicia de su país está a la espera desde 2007 de que se forme el Consejo Superior del Poder Judicial, creado en 2007 para la designación de jueces. «Es evidente que un magistrado nombrado por el Ejecutivo no puede ser independiente, pues tiene obligaciones no solamente hacia quien lo designó, sino también hacia el que o los que facilitaron esa designación; todos son susceptibles de influir en sus decisiones», sentenció el haitiano. Más allá de las instancias diferentes que presenta el sistema argentino (las ternas de jueces son seleccionadas por el polémico Consejo de la Magistratura, luego de un concurso general evaluado por un jurado), el resultado no se aleja demasiado del de Haití: el Ejecutivo sigue seleccionando a los jueces.

En este sentido, y a pesar de todos los matices diferentes destacados durante el debate, Argibay señaló, en diálogo con este diario, que la Argentina no estaba en una situación muy diferente a la del resto del Continente, lo que deja como conclusión un panorama bastante pesimista.

Esta preocupación también fue expresada por Lorenzetti, quien en su discurso de apertura enfatizó la importancia de «fortalecer la independencia de los poderes judiciales», y advirtió que «cuando el sistema se desequilibra y uno de los poderes avanza demasiado o las mayorías avanzan sobre las minorías, no hay respeto de los derechos individuales; ese desequilibrio es lo que produce constantes problemas urgentes que los ciudadanos sufren». Para el titular de la Corte local esos conflictos se solucionan cuando hay «poderes limitados, compensación entre los poderes, control mutuo y sobre todo poderes judiciales fuertes que puedan defender estos derechos», así como las minorías, la libertad de expresión, el pluralismo, y la igualdad.

Insulza, por su parte, destacó la necesidad del diálogo entre poderes para solucionar los problemas de gobernabilidad del continente, cuyos problemas centrales son la pobreza y la desigualdad. «La paradoja de nuestra región es que no siendo pobre tenga tantos pobres, lo cual nos lleva necesariamente al tema de la justicia y la distribución de la riqueza», concluyó el secretario general de la OEA.

En la Conferencia participan alrededor de 30 jueces (además de unos 70 asistentes), entre las mesas de ayer y las que continuarán hoy en el Hotel Hilton. Además del debate sobre independencia judicial, por la tarde Lorenzetti coordinó el panel «Organización y gestión del Poder Judicial».