Argibay: “Si se suprime a la Justicia es la ley de la selva”

Carmen Argibay

La ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay se metió ayer en la polémica que se desató la semana pasada entre el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y la Justicia federal, al señalar que era «preocupante» que el jefe de ministros «no cumpla» órdenes de la Justicia. También advirtió que si se «suprime a la Justicia» se regresa al «orden de la selva» y así «cada cual hace justicia por mano propia».

«Si hay órdenes de los jueces, hay que cumplirlas y, si no, hay que discutirlas, pero en el lugar donde se debe, que es en los expedientes, en los juicios», subrayó Argibay en declaraciones radiales. La magistrada se refirió así al conflicto entre poderes que se generó, a partir de la orden de Aníbal Fernández a la Policía Federal de incumplir «por inconstitucional» el allanamiento dispuesto por el juez laboral Alejandro Sudera en el gremio de los aeronavegantes. El magistrado cumplía con un fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, que ordenó que se le diera la dirigencia de la Asociación Argentina de Aeronavegantes a los integrantes de la Lista Celeste. Este sector había denunciado irregularidades en las elecciones de 2007 del sindicato, presentación que la Justicia resolvió recién este año.

A pesar del pronunciamiento de estas dos instancias, el jefe de ministros instruyó a los oficiales a cargo que no acatara la orden judicial. Por eso, Sudera, entre otras personas, acusó a Fernández del supuesto incumplimiento de una disposición de la Justicia, generando «un escenario de conflicto de poderes» y advirtió que podría ser penado por desacato a la autoridad (ver aparte).

Por su parte, la UCR reclamó ayer la «moción de censura» contra Fernández, al considerar que el jefe de Gabinete «se arrogó funciones judiciales que tiene prohibidas por la Constitución». El diputado radical Miguel Ángel Giubergia presentó en Diputados un proyecto de resolución, en el que solicitó al Poder Ejecutivo que «ordene la concurrencia de Aníbal Fernández a la Cámara baja para su interpelación en mérito de una moción de censura».

El lunes pasado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional, presidida por Ricardo Recondo, emitió un fuerte comunicado en el que repudiaba la actitud del funcionario kirchnerista y afirmaba que «la gravedad institucional de los actos llevados adelante por el Sr. jefe de Gabinete no puede ser soslayada ni minimizada, en tanto resultan configurativos de múltiples tipos penalmente punibles, violentan flagrantemente la división de poderes y plantean un escenario de conflicto de poderes inadmisible en un Estado Republicano de Derecho».

El presidente de la Asociación subió incluso el tono del comunicado al acusar en declaraciones a la prensa al Ejecutivo de un supuesto «golpe de Estado» contra el Poder Judicial. Argibay se sumó ayer a las críticas y destacó otro tema conflictivo entre el kirchnerismo y el máximo tribunal, al recordar el caso del procurador Eduardo Sosa (cuyo cargo fue eliminado por orden del entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner), y señaló que «la Corte ordenó hace tiempo reponerlo en su cargo y todavía está esperando».

Libertad sindical

Otro de los temas más ásperos entre el tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti y el Gobierno son los dos pronunciamientos del cuerpo a favor de la libertad sindical, y en claro perjuicio de uno de los socios principales de los Kirchner, la CGT. A sólo un día de la muestra de fuerza que Hugo Moyano concentró en el estadio de Vélez para apoyar al matrimonio presidencial, Argibay defendió el fallo de hace dos semanas de la Corte que profundiza su respaldo a la libertad sindical y señaló que los gremios «temen que se les recorte poder».

«Se ponen cosquillosos como dice (el ministro Carlos) Fayt o quisquillosos, más bien diría yo, porque me parece que lo que tienen es temor de que algunos de estos fallos judiciales les recorte poder. Y a mí no me parece que sea así», subrayó la magistrada. Y agregó que las medidas adoptadas por la Corte responden a «lo que dicen las convenciones internacionales que hemos firmado».

En el dictamen de este año, que reavivó la polémica con la CGT, la Corte confirmó por unanimidad el derecho de Adriana María Rossi a cumplir funciones gremiales y a no ser despedida o sometida a otras medidas como la suspensión -como indica la ley de Asociaciones Sindicales-, a pesar de que representara a un gremio sólo inscripto y sin personería. En este punto, la jueza destacó que no creía «que esto le pueda molestar a ningún gremio ni a ningún gremialista cuando uno defiende a los trabajadores».