A partir de la reforma del sistema, destacó Idesa en un informe, esa vía deber quedar reservada sólo a casos atípicos.
"El sistema de riesgos del trabajo está afectado por los altos niveles de litigiosidad, ya que ocho de cada diez incapacidades permanentes se terminan resolviendo en juicio", señaló la consultora IDESA. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre 2010 y 2015, el total de incapacidades producidas por siniestros laborales fue de 365.000, mientras que las demandas judiciales contra las ART ascendieron a 308.000.
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Este resultado se dio pese a que desde hace 20 años, con la gestión de las ART, la tasa de accidentes y enfermedades profesionales en los lugares de trabajo cayó del 7,5% al 4,5%, mientras que la tasa de mortalidad bajó del 1,6 a 0,4 trabajador por cada millón de afiliados. IDESA consideró que la instancia de "la Justicia debería ser reservada para casos atípicos que ameriten un análisis pormenorizado" ya que "la masificación de los juicios provoca costosas distorsiones como el colapso de los juzgados, trabajadores que no tienen una respuesta con la inmediatez que necesitan y costos que crecen exponencialmente".
La consultora destacó que el punto clave de la reforma del sistema es que "establece que todos los trabajadores siniestrados deben ser evaluados en las comisiones médicas del sistema de riesgos del trabajo aplicando los criterios técnicos que fija la normativa" y que "sólo en caso de controversias respecto a este dictamen se habilita la intervención judicial". "El objetivo es que la mayoría de los casos sean resueltos de manera ágil aplicando criterios objetivos en las comisiones médicas", sostuvo. "Para lograrlo es necesaria la adhesión de las legislaturas provinciales y la modernización de las comisiones médicas a los fines de que brinden una calidad de servicio acorde con la función estratégica que cumplen", concluyó.
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