Audiencia el 14-M por obra pública otorgada a Báez

Está en juego el fallo que aplicó la figura de asociación ilícita para parte del anterior Gobierno y la confirmación de los procesamientos.

Cristina de Kirchner y Gerardo Pollicita

La situación judicial de la expresidente Cristina de Kirchner por el supuesto direccionamiento de obra pública a favor del detenido empresario Lázaro Báez tendrá una estación intermedia el 14 de marzo, luego de haber sido procesada por el juez Julián Ercolini, el 27 de diciembre pasado. Para mediados del mes, la Cámara Federal convocó a una audiencia a las partes en las que escuchará a las defensas que apelaron el fallo que consideró a la cúpula de un Gobierno como una asociación ilícita que llevó a cabo un "plan criminal" de defraudación de las arcas públicas durante más de una década. Luego, los jueces tendrán que definir si confirman su procesamiento, y si ratifican el inédito embargo trabado contra la exmandataria de $10 mil millones.

La Sala I de la Cámara Federal tratará en esa audiencia las apelaciones de todos los acusados en la causa, por lo que en tribunales se estima que los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia resuelvan el caso en abril. El juez federal Julián Ercolini procesó a fines del año pasado a Cristina de Kirchner, a Báez, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al también preso exsecretario de Obras Públicas José López, y varios exfuncionarios de Vialidad nacional y de la provincia de Santa Cruz por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada. El total de implicados asciende a 11. También les trabó con un embargo de 10.000 millones de pesos sobre los bienes de cada uno. Por otra parte dictó falta de mérito para otros cinco acusados.

Los procesados apelaron la decisión del juez pero también -en el otro extremo- el tándem de fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, cuestionaron la falta de mérito dictada a favor del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, por lo que Ercolini envió el caso a la Cámara Federal para que evalúe su decisión. La Sala I ahora fijó una fecha de audiencia, que será púbica, en la que las defensas de los acusados pueden ampliar los fundamentos de su apelación. Pueden hacerlo en forma oral o por escrito.

Las defensas volverán a objetar que el trazo grueso del fallo de Ercolini se apoyó en las declaraciones y en la documentación aportada por Javier Iguacel (actual titular de Vialidad de la gestión Cambiemos), y que el juez sólo repasó las obras otorgadas al Grupo Austral y sobre las que habían sido señaladas como irregulares por la actual administración. Las defensas también harán énfasis en rebatir la figura de asociación ilícita utilizada por el juez, aunque la mayor parte de las causas por presunta corrupción recurren a este tipo penal. La defensa de la expresidente volverá a ser énfasis en la ausencia de una pericia para determinar el supuesto direccionamiento de obras y licitaciones a favor de Báez. Cristina había propuesto una auditoría general de todas las licitaciones durante el kirchnerismo en todo el país, algo que ya fue descartado por los fiscales y el magistrado. Harán énfasis en el circuito administrativo que tuvieron las asignaciones presupuestarias que pagaron las obras y en que no están imputados todos los funcionarios públicos que revisaron esos números y aprobaron los pagos, entre ellos los exjefes de Gabinete durante el kirchnerismo.