En sus primeras declaraciones públicas sobre las protestas que comenzaron hace casi diez días y en momentos que miles de personas volvían a autoconvocarse en San Pablo (ver aparte), la jefa de Estado condenó los episodios de violencia, pero destacó que la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron pacíficamente.
Según Rousseff, "las marchas comprueban la grandeza de nuestra democracia y el civismo de nuestra población" y suponen "un mensaje directo a los gobernantes en todas las instancias". "Las demandas por ciudadanía, mejores escuelas, hospitales, transporte público de calidad y a un precio justo, por el derecho a influir en las decisiones de los gobiernos, en repudio de la corrupción y el desvío de dinero público, comprueba el valor intrínseco de la democracia", afirmó.
"Mi generación sabe cuánto costó llegar a esto", apuntó Rousseff, quien durante su juventud militó en organizaciones de izquierda cuando gobernaba la dictadura, por lo que estuvo más de dos años presa y fue sometida a torturas.
En su declaración, durante un acto público celebrado en el palacio presidencial de Planalto, Rousseff aseguró que el Gobierno "está empeñado en la transformación social y en escuchar la voz de las calles" y recordó que fruto de ese esfuerzo unos 40 millones de personas salieron de la pobreza. Así, defendió el proceso de transformación social que ella y su jefe político, Luiz Inácio Lula da Silva, llevaron adelante en una década al defender la política de inclusión social.
La presidenta -que estaba próxima a reunirse con Lula-se mostró dispuesta a escuchar los reclamos y sostuvo que, así como la sociedad que se manifestó en las calles, el Gobierno "también quiere más y va a conseguir más para el país y para el pueblo". De acuerdo con analistas, la decisión de Rousseff de responder a los reclamos rápidamente podría ayudarla a sumar apoyos y contrarrestar las críticas en contra de su Gobierno.
Las manifestaciones del lunes fueron las mayores desde 1992 y sorprendieron a los brasileños, poco proclives a protestar, sobre todo tras una década de progresos sociales en términos de empleo e ingresos.
La protesta fue detonada en San Pablo contra el aumento del precio del transporte público, en víspera de la inauguración de la Copa de las Confederaciones. Con ayuda de las ágiles redes sociales en un país con más de 90 millones de internautas (casi la mitad de la población), se extendieron a varias ciudades y adoptaron otros lemas, el principal, en repudio a los millonarios gastos públicos para el Mundial 2014, evaluados en más de 15.000 millones de dólares. Hoy los llaman los "indignados" (al igual que el grupo de protesta juvenil español), y dicen ser "apartidarios".
Los manifestantes reclaman que deberían haberse invertido en servicios básicos de salud y educación. "Si tu hijo se enferma, llévalo al estadio", reclamaba una manifestante sobre la precaria situación de los hospitales y el volumen de dinero destinados a construir o reformar estadios para el Mundial del año próximo.
Como primera reacción, las ciudades de Recife, Porto Alegre, Joao Pessoa y Cuiabá decidieron bajar el precio del pasaje de colectivo. Mientras, en San Pablo, el alcalde Fernando Haddad, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) admitió la posibilidad de revertir el aumento en el precio del boleto, si bien el subte, el tren y los micros, que sufrieron incrementos, dependen del gobernador Geraldo Alckmin, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
| Agencias EFE, AFP, Reuters, ANSA y DPA; y Ámbito Financiero |
Dejá tu comentario