Casal opinó que ley de Cristina de 2006 no es inconstitucional y que actual diseño no debe ser invalidado ya que no se demostró desequilibrio a favor de “la política”. Hace dos años y medio que se arrastra pleito y el Gobierno vacila en conveniencias.
diseño. El procurador interino Eduardo Casal dictaminó a favor de mantener 13 miembros en la composición del Consejo.
El procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó a favor de mantener la actual integración del Consejo de la Magistratura de la Nación con 13 miembros. Y que por ende, se revoque el fallo de inconstitucionalidad que pesa sobre la ley impulsada en su momento por Cristina de Kirchner, en 2006. Sin embargo, y pese a la decisión que se esperaba a mediados de mes, como informó Ámbito Financiero, la Corte Suprema que en un principio había convocado a opinar al jefe de los fiscales- sacó del radar de decisiones prioritarias un fallo que adopte una postura definitiva. Será a la espera de que el Congreso debata algunos de los proyectos que impulsa el oficialismo para darle un nuevo diseño al Consejo (con más jueces y abogados). Si esa discusión se empantana, podría sacar un fallo que tampoco altere el actual sistema.
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El caso llegó a la Corte, luego de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declarara en 2015 la inconstitucionalidad de esa integración al considerar que no respetaba el equilibrio que la Constitución Nacional fija entre los distintos estamentos políticos, jueces y abogados que integran el Consejo. Habría preeminencia de representantes políticos. El tribunal de apelaciones sostuvo que la distribución de los estamentos que integran el Consejo no era equitativa y por lo tanto violaba el artículo 114 de la Constitución Nacional que establece que debe haber "equilibrio" entre la representación de cada sector.
"No se ha comprobado, por lo tanto, de qué manera la norma impugnada contradice la Constitución Nacional, resultando insuficiente para ello la sola invocación de agravios meramente conjeturales", sostuvo Casal en el dictamen no vinculante. Que el caso haya entrado en una dinámica de hibernación no es una mala noticia para el Gobierno: en dos años, ha logrado consolidar una mayoría de ocho miembros que lo deja al borde de una alianza táctica para resoluciones estratégicas y le permite dominar con holgura cuestiones más simples de gobernanza.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia había enviado el año pasado un proyecto de ley, elaborado por el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, para llevar la integración a 16 miembros, con dos abogados y un juez más. Ese plan tuvo aval explícito del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con Guillermo Lipera a la cabeza, que se ha convertido en una muy influyente asociación en materia judicial para Cambiemos. Los jueces y los letrados miran con interés el devenir de este pleito: deben convocar a sus elecciones para ocupar esas bancas. Cuántas hay en juego es un dato esencial para plantearse con sus representados.
Casal utilizó uno de los argumentos que el kirchnerismo había planteado en su apelación, durante los últimos días de su Gobierno. Y es que la conclusión sobre el desequilibrio a favor del estamento político nunca se dio en la práctica en toda la historia del Consejo, porque se trata de políticos de distintas extracciones y partidos. Para Casal, la sanción de esa norma no es un asunto en el que el Poder Judicial deba definir.
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