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Avanza ley contra lavado (pero habrá correctiva)
De acuerdo con la presidenta de la comisión, la senadora del Peronismo Federal Sonia Escudero, y el presidente del bloque oficialista, Miguel Pichetto, existe consenso entre los legisladores para aprobar el proyecto en la sesión del 1 de junio, pero antes deberán aprobar el dictamen.
Durante la reunión de ayer, Alak justificó por todos los medios la necesidad de una reforma: «Si se envía un informe a la Justicia y no logramos un caso de sentencia judicial, algo está fallando. Pero la Justicia podría decir que de acuerdo con el sistema normativo actual no tienen los instrumentos para sancionar», dijo.
Además, defendió la posición oficial en la reforma: «La UIF va a poder fortalecerse y tener mucha más capacidad de recolección de información, porque se la podrá solicitar a los demás organismos nacionales. Esta ley luego va a ser complementada con otro proyecto creando el Registro Nacional de Bienes Incautados, que hoy no existe».
Sbatella explicó: «El proyecto es muy importante no sólo por las exigencias del GAFI, sino por la Argentina. En lo penal, era inevitable discutir esta figura y la metodología de trabajo para que la Justicia tuviera menos problemas». Resaltó que existen «18 sectores obligados» a brindar información sobre movimientos financieros, pero «algunos están regulados y otros no», y en este sentido destacó que la ley permitiría regularlos a todos, dado que «sólo el sector financiero está regulado a través de la metodología del Banco Central».
Junto con ellos estuvieron el presidente de la Comisión de Control y Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo del Banco Central, Miguel Pesce; el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, Norberto Peruzzotti, y el presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina, Juan Carlos Fábrega.
Al mismo tiempo, otro debate se daba en el Senado. La oposición y el kirchnerismo, reunidos en el despacho de Pichetto, acordaron avanzar con una ley correctiva frente a los problemas que tiene el proyecto aprobado en Diputados con la calificación y las obligaciones de los nuevos sujetos obligados, como son abogados y contadores. Esos errores se produjeron durante el debate en el recinto de Diputados cuando por presión del moyanismo se eliminó del proyecto la obligación de denunciar supuestos casos de lavado a los sindicalistas y las obras sociales. De haber introducido cambios en el proyecto de ley contra el lavado, éste tendría que haber regresado a Diputados demorando la sanción que el Gobierno espera para antes de mediados de junio, cuando el GAFI comience a discutir la situación de los controles en la Argentina.


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